Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2. Declaro CON LUGAR el referido recurso. 3. ANULÓ la sentencia apelada. 4. Conociendo del fondo de la presente controversia, declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado. Se ordenó notificar a las partes y la remisión dl expediente al Juzgado de origen

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte requirió a la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), consigne la Auditoría del Sistema Automatizado a la que hizo alusión en la Audiencia de Juicio, así como las trazas de los correos electrónicos enviados en fecha 24 de febrero de 2011, mencionados por dicha representación en la aludida Audiencia, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concediendo para ello el lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la notificación. Asimismo, ordenó notificar a la sociedad mercantil recurrente, la cual, de estimarlo pertinente, podría impugnar tal información dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a que conste en autos la remisión de la información requerida. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano GUILLERMO ANTONIO GONZÁLEZ ESPINOZA, asistido por la abogada Mariebe del Carmen Calderón Rodríguez, identificado en el encabezado del presente fallo, contra el acto administrativo de fecha 29 de septiembre de 2010, dictado por la DIRECTORA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO MÉRIDA, en el expediente Nº CM-PRD-002-2010 y notificado el 4 de abril de 2011, mediante Oficio Nº CM-DDRA-PDR-004-2011, de fecha 10 de marzo de 2011, a través del cual se declaró la responsabilidad administrativa del aludido ciudadano y se le impuso una multa de Trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.)

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 2 de abril de 2013, por el abogado Carlos Mosqueda y ratificada el 18 de julio de 2013, por la abogada Morella Torrealba, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nros. 4.867 y 78.762, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana LUZ MARTIZA DAZO AGUIRRE, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 27 de marzo de 2012, mediante la cual declaró inadmisible in limine litis, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la mencionada ciudadana contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMÓ la sentencia apelada. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el abogado Javier Carlos Ordosgoitti Fermín, actuando en su condición de Síndico Procurador del Municipio recurrido, contra la decisión dictada en fecha 2 de mayo de 2013, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Carlos Enrique Meneses Caraballo, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIANELA JOSEFINA AMOROSO DÍAZ, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO DEL ESTADO SUCRE. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Andrés José Linares Benzo, José Gregorio Torrealba y María Gabriela Viera Carpio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 42.259, 71.763 y 137.757, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil C.A. DANAVEN, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Providencia Nº PRE-VPAI-CJ-006189 de fecha 7 de marzo de 2012, y notificada el 8 de marzo de 2012, emanada de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), a través de la cual se negó la renovación de las Autorizaciones de Adquisición de Divisas (AAD).

Esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogado Javier Ordosgoitti, actuando con el carácter Sindico Procurador del Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Sucre, contra la decisión dictada en fecha 7 de mayo de 2013, dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LUIS DE JESÚS ESPINOZA, titular de la cédula de identidad número 10.224.96, en el cual se dejó sin efecto el nombramiento del referido ciudadano como Coordinador de Promotor Social, acto dictado por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO DEL ESTADO SUCRE. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. IMPROCEDENTE la consulta de Ley con ocasión a decisión apelada, en consecuencia, queda firme el fallo dictado por el juzgado superior estadal contencioso administrativo Judicial del Estado Sucre.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y medida cautelar de suspensión de efectos por la Abogada María Alejandra Correa Martín, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil BANCO FEDERAL, C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 221-06, dictado por el SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- HOMOLOGA el desistimiento del procedimiento efectuado por la Representación Judicial del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE).