En el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Haira Román Pérez actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana Marbina Josefina Bogado Bravo en fecha 21 de noviembre de 2011 contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central de fecha 14 de noviembre de 2011 que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, esta Corte declaró: 1.- la NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación y 2.- ORDENA la reposición de la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación.

Esta Corte SOLICITÓ al ciudadano Berman José Hernández, que dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes, INFORME si la amenaza de desalojo persiste posterior a la fecha indicada r es decir, 23 de agosto de 2012, o si por el contrario fue reubicado de manera temporal por el Instituto de Deporte y Recreación en los espacios por ellos señalados, para que el actor continúe desarrollando las actividades deportivas de Karate Do y demás disciplinas deportivas que allí se llevan a cabo.

En la declinatoria de competencia efectuada mediante sentencia de fecha 3 de junio de 2010, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, para conocer de la demanda por daños y perjuicios interpuesta por las Sociedades Mercantiles FÁBRICA TAYSIR, C.A.; SÚPER HIDROMÁTICOS ALFREDO BARQUISIMETO, C.A. y VENEZOLANA DE TERRACOTAS, C.A., contra las Sociedades Mercantiles TRASBAR, C.A. y VENEZOLANA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CLERICO, C.A. (VINCLER), esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Incompetente para conocer de la demanda interpuesta; 2. Declina la competencia para conocer la presente causa en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; 3. Ordena remitir el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta Corte dictó sentencia en la presente causa, mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer de los recursos de apelación interpuestos, contra la sentencia dictada en fecha 13 de diciembre de 2002, por el Juzgado Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de enero de 2003, por la Abogada Carmen Sánchez González, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Alirio José Fernández; CON LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 19 de diciembre de 2002, por la Abogada Judith Palacios Badaracco, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del Banco Central de Venezuela; REVOCA la sentencia dictada en fecha 13 de diciembre de 2002, por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital; SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaro: Su COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley; REVOCA el fallo sometido a consulta; SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por en fecha 7/03/2002, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JUAN RAMÓN ARAUJO JARAMILLO, contra el SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 3. CONFIRMA la sentencia dictada por en fecha 7/03/2002, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental y 4. INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En esta misma fecha, esta Corte dictó decisión, mediante la cual: 1.- NO ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta conjuntamente con una medida cautelar innominada, por la ciudadana PAULA MARINA FIGUERA contra la Sociedad Mercantil PDVSA GAS S.A., filial de la Sociedad Mercantil PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 2.- PLANTEÓ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 3.- Ordenó REMITIR el presente expediente a la Sala.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declara: 1. la nulidad parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 3 de marzo de 2011, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, salvo la reconstitución de la Junta Directiva de esta Corte y 2. ORDENA la reposición de la causa al estado que la Secretaría de esta Corte notifique a las partes para que se dé inicio a la relación de la causa, contado a partir de que conste en autos la última notificación de las mismas, de conformidad con lo establecido en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte: REPONE la causa, al estado de contestación a la fundamentación de la apelación; ANULA las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación de la apelación en la presente causa y ORDENA oficiar al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con base en lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que remita a esta Corte copia certificada del escrito contentivo de la reforma al recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, así como las copias de los documentos consignados como anexos a la misma por la actora, en especial los referidos a las copias de los documentos cuya exhibición promovió el recurrente y los cuales -a su decir- rielan al expediente judicial.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Su COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por el Abogado Luis Jaramillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 5.001, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil CREDICAN, C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 503-10 de fecha 27 de octubre de 2010, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy, SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso de reconsideración interpuesto por la parte actora, contra la Resolución Nº 468-10 de fecha 27 de agosto de 2010, por la cual se ordenó la intervención de la empresa recurrente. INADMISIBLE la demanda de nulidad interpuesta.