LA CORTE DECLARÓ Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 9 de enero de 2008, por el abogado Álvaro Antonio Hernández, actuando en su condición de Síndico Procurador del Municipio Bolívar del Estado Táchira, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes en fecha 13 de octubre de 2006, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Juan Carlo Vera Ramírez en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana LUZ MARINA MANRIQUE PINTO, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLÍVAR DEL ESTADO TÁCHIRA. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto.3. IMPROCEDENTE la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 4. En consecuencia, se declara FIRME la sentencia apelada.

Esta CORTE Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: - IMPROCEDENTE la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos solicitada por la representación judicial de la Sociedad Mercantil la sociedad mercantil INDUSTRIAS QUÍMICAS VOLCÁN SARQUIS INQUIVOSA, S.A., contra el acto administrativo identificado con el oficio Nº PRE-VECO-GCP-008604, de fecha 11 de mayo de 2011 dictado por el Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

Se dictó decisión mediante la cual esta CORTE declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por la abogada FRANCY COROMOTO BECERRA CHACÓN, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 24.719, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos José del Carmen Rivera Acuña, Juan Vicente Gómez Sánchez, y otros, contra la sentencia dictada por el prenombrado Juzgado en fecha 9 de diciembre de 2011, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, contra "la omisión proveniente del ciudadano Alcalde del Municipio Bolívar del Estado Táchira". 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación. 3.- CONFIRMÓ la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta CORTE Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la recusación presentada por el abogado Omar José Sánchez Rodríguez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil HIDROBOLÍVAR, C.A.

Se dictó decisión mediante la cual esta CORTE Declaró que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta el 30 de octubre de 2003 por la abogada Marisela Cisneros Añez, actuando como apoderada judicial del ciudadano Guillermo Ragua Betancourt, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 23 de octubre de 2003, que declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta por el referido ciudadano contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte recurrente. 3.- CONFIRMÓ con las precisiones expuestas la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 23 de octubre de 2003, mediante la cual declaró SIN LUGAR la querella funcionarial incoada. Se ordenó notificar a las partes y la remisión del expediente.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, se declara SIN LUGAR la recusación presentada por el abogado Omar José Sánchez Rodríguez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil HIDROBOLÍVAR, C.A., contra la ciudadana BETTI OVALLES LOBO, en su carácter de Jueza del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

Se dictó decisión mediante la cual esta CORTE declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 26 de abril de 2011, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Vassilys José Martínez Gutiérrez, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano JUAN JOSÉ PAIVA SILVA, identificados en el encabezado del presente fallo, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DE SUCRE DEL ESTADO MIRANDA. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 26 de abril de 2011. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó reemitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta CORTE dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Yanis Hurtado, actuando con el carácter de apoderada judicial del ESTADO ZULIA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 29 de junio de 2010, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cumplimiento de contrato e indemnización por daños y perjuicios, interpuesta por la sociedad mercantil MENCI, C.A. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- ANULÓ la sentencia dictada por el Juzgado a quo, en fecha 29 de junio de 2010, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta. 4.- SIN LUGAR la demanda. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó sentencia mediante la cual esta CORTE declaró: 1.- QUE NO ACEPTÓ LA COMPETENCIA que le fuere declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Elizabeth Alvarado González, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana ISABEL TERESA GONZÁLEZ DE ALVARADO, contra la decisión Nº CU-332 dictado por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO. 2.- PLANTEÓ EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, en consecuencia ORDENÓ la remisión inmediata del expediente a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines que conozca del presente conflicto negativo de competencia.

LA CORTE EXHORTA a la la abogada Reinara Villarroel, en su carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en el expediente el recibo de la notificación, de ser así su voluntad, proceda a desistir del recurso de apelación ejercido por la misma en fecha 12 de abril de 2005, contra el fallo proferido por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital el 31 de enero de 2005,