Este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara DISUELTO el vinculo que contrajeran los ciudadanos YUMARY COROMOTO PEREZ OLIVARES y GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ SANCHEZ ya identificados, por ante el Jefe Civil de la Parroquia Santa Rosa del Estado Lara, en fecha 29 de Agosto de 1984. Ofíciese al Jefe Civil y al Registrador Principal correspondiente. La presente sentencia queda firme en su misma fecha.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal, Administrando Justicia y en NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR , la demanda por: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, intentada por la ciudadana: MARIA VERONICA CHAVIEL OROPEZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.609.273, y de este domicilio, contra el ciudadano: CRUZ ARNOLDO GRANADILLO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 7.356.352.- En consecuencia, este Tribunal declara Resuelto el Contrato de Arrendamiento suscrito entre la ciudadana MARIA VERONICA CHAVIEL OROPEZA, en su carácter de Arrendadora, y el ciudadano: CRUZ ARNOLDO GRANADILLO PEREIRA, en su carácter de Arrendatario, ante la Notaría Pública Segunda de Barquisimeto, en fecha 12-08-2003, anotado bajo el N° 21, Tomo 85 de los Libros de Autenticaciones, debiendo el accionado, ciudadano: CRUZ ARNOLDO GRANADILLO GONZ.....

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Decreta el Sobreseimiento Provisional de la causa, a favor del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), por el delito de ABUSO SEXUAL A NIÑO, previsto y sancionado en el articulo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del niño y del Adolescente y de conformidad con lo establecido en el literal “e” del artículo 561 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Notifíquese a las partes. Regístrese y publíquese. Dada, firmada y sellado en la Sala de Audiencias del Tribunal de Control Nº 1, en la ciudad de Barquisimeto a los veinticinco días (25) del dos mil seis. (25-01-06).

Oídas las partes y finalizada la audiencia este Tribunal en función de Control No. 11, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY pasa a decidir de la manera siguiente: PRIMERO:.No se acoge la denuncia de violación de los derechos constitucionales, realizada por la defensora publica con respecto que el imputado fue expuesto a los medios de comunicación como asì también al re colector y chofer del trasporte publico, por cuanto no existen elementos que indiquen que ello haya sucedido. SEGUNDO: Se admite totalmente la Acusación presentada por el Fiscal del Ministerio Publico en contra del ciudadano, RICHARD GERARDO GARCIA RODRIGUEZ a quien se le imputa la Presunta comisiòn del Delito de ASALTO A TRASPORTE PUBLICO Y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Art. 357, Tercer Aparte del Codigo Penal y Art. 277 ejusdem, en concordancia con el Art. 9 de la Ley Sobre Armas y explosivos. Como consecuencia se ordena la a.....

Con fundamentos a lo anteriormente expuesto, este Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, ACUERDA: La Entrega inmediata en Calidad de Propietario del vehículo solicitado cuyas características y determinaciones legales son las siguientes: placa 054-KAL, serial carrocería AJF3DK28193, serial motor 4CIL, marca Ford, modelo F-350, AÑO 1983, COLOR ROJO, clase camión, tipo estaca, uso carga, cuya tradición anterior versa sobre el cerificado de registro de vehículos N° AJF3DK28193-1-1 de fecha 25-06-2003; al ciudadano, MANUEL DE JESUS SOTO VEGAS , quien es venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Numero V- 3.964.071, actuando en su carácter de Propietario del referido Vehículo; Regístrese. Cúmplase y Notifíquese la presente decisión.

Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Homologa la Transacción; en consecuencia; téngase la misma como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada entre las partes, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil.

Por todas las razones anteriormente expuestas, este Tribunal de Control, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley Declara Con Lugar, el Recurso de Habeas Corpus, a favor del ciudadano: DAVID GREGORIO CADEVILLA, titular de la Cédula de Identidad N° INDOCUMENTADO, de conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 23, 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Artículos 1, 2 38 y 39 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Líbrese la correspondiente Boleta de Libertad. Notifíquese de la Decisión al Fiscal Vigésimo Primero del Ministerio Público del Estado Lara. Consúltese esta decisión a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial en su oportunidad legal y conforme al artículo 43 de La Ley Orgánica sobre Garantías y Derechos Constitucionales. Publíquese. Cúmplase.

Se declaró TITULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD, sobre las bienhechurías que ejercen los ciudadanos Servando Antonio Hernández y Deisy Josefina Gómez Oropeza, dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener.

Se declaró TITULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD, sobre las bienhechurías a favor de la ciudadana Nelvis Maritza Romero Gutiérrez de Carrasco, dejando a salvo los derechos de terceros.

Este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de PEDRO ANTONIO DIAZ MARTINEZ, antes identificado, sobre las bienhechurias que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa. Devuélvase las actuaciones a la parte interesada, y déjese copia del presente decreto y tómese nota en el Libro Diario llevado en el Tribunal.