La Corte Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto. Declaró SIN LUGAR la apelación incoada por la representante legal de la Procuraduría General de la República. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de la querellante. REVOCÓ la sentencia apelada. CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial , en consecuencia: a) Ordena el ajuste de la jubilación desde el 1º de enero de 2008 en adelante, de acuerdo a los términos expuestos en el presente fallo. b) Se ordena el pago de las diferencias producidas por concepto de pensión de jubilación desde el 1º de enero de 2007, más la diferencia de los 3 meses de la bonificación de fin de año causada en el año 2007. c) Se ordena una experticia complementaria del fallo. Se ordenó la notificación de las partes y la remisión del expediente al Tribunal de origen

La Corte dictó decisión mediante la cual se declaró COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 6 de octubre de 2010 por la abogada Devorah Riquel, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil LATCAPITAL DE VENEZUELA, C.A., en contra de la sentencia N° 26 de fecha 12 de agosto de 2010, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de medida cautelar solicitada por la mencionada empresa contra la Providencia Administrativa N° 00679/09 de fecha 13 de octubre de 2009 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pagos de los salarios caídos presentada por la ciudadana Siremla Viryn Parra Rivas; SIN LUGAR la apelación interpuesta y; Se CONFIRMA la sentencia apelada.

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de marzo de 2003, por la abogada Sandra Virginia Arce Crespo, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JAIRO ANTONIO BURGOS ALVARADO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 20 de enero de 2003. TEMPESTIVO el recurso de apelación ejercido. IMPROCEDENTE la solicitud de acumulación de la presente causa al expediente AP42-R-2003-0010. ANULA las actuaciones realizadas por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, incluyendo el auto de admisión de fecha 20 de febrero de 2002, y en consecuencia; REPONE la causa.

La Corte ORDENA NOTIFICAR a la parte recurrente, para que expongan, en un plazo máximo de diez (10) días continuos desde su notificación, si conservan interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el referido interés en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. En caso de no realizar dicha exposición, dentro del plazo que fue fijado, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considerará la pérdida del interés en el recurso interpuesto.

La Corte declarar SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Luis Fraga Pittaluga, Salvador Sánchez González, Mónica Viloria Méndez y Daniel Brigchi Urbina, actuando como apoderados judiciales de Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A, contra contra la Resolución Nº 055.08 de fecha 6 de marzo de 2008, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por la mencionada entidad bancaria contra la Resolución Nº 199.07 de fecha 19 de julio de 2007, donde se le impuso al recurrente una multa por la cantidad de Ciento Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Bolívares con Sesenta Céntimos (Bs. 169.674.834,60), actualmente, Ciento Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Bolívares Fuertes con Oche

La Corte declaró TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria formulada en fecha 20 de julio de 2010, por la abogada Yael de Jesús Bello Toro supra identificada, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil TRANSPORTES MULTICARGAS 4894, C.A., del fallo dictado en fecha 24 de mayo de 2010, y registrado bajo el Nº 2010-00699, con ocasión del recurso contencioso administrativo funcionarial, seguido contra la Providencia Administrativa Nº 291-2005 de fecha 31 de octubre de 2005, dictada por la INSPECTORIA DEL TRABAJO "J.R. NÚÑEZ TENORIO" SEDE GUATIRE, la cual, declaró con lugar la solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos realizada por el ciudadano CESAR JOSÉ ZERPA, titular de la cédula de identidad Nº 5.692.574. IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria efectuada.

La Corte declaró: Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, este Órgano Jurisdiccional ORDENA a la Secretaría de esta Corte que remita el expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que de cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 14 de mayo de 2010, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial por los abogados Humberto Simonpietri Luongo, Atilio Agelviz Alarcón y Klever Argenis Agelviz Porras, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana YOLANDA SILVA VALERO, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 14 de julio de 2010 por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Gabriel Amador, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos AURORA EGUIS VERGEL y otros, contra el fallo proferido por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital de fecha 2 de abril de 2003, mediante la cual declaró DESISTIDO el recurso contencioso administrativo inquilinario de anulación interpuesto por los referidos ciudadanos contra la Resolución Número 4285, de fecha 28 de febrero de 2002, emanada de la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO del entonces MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA; SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3. SE CONFIRMA el fallo apelado.

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara: Que es Competente. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por el Síndico Procurador del Municipio Torres del Estado Lara. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte querellante. SE ANULA el fallo dictado por el Juzgado Superior. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano Ramón Eduardo Cuevas y en consecuencia: ORDENA la reincorporación del ciudano Ramón Eduardo Cuevas al cargo de Inspector. ORDENA de conformidad con el artículo 259 de la Constitución, a título de indemnización pagarle al referido ciudadano el monto equivalente a la suma de sus sueldos dejados de percibir. ORDENA la realización de una experticia complementaria. SE NIEGA la corrección monetaria solicitada por la parte querellante. SE NIEGA la condenatoria en costas al Municipio Torres del Estado Lara