En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte solicitó el Registro de Información del Cargo (R.I.C.) o cualquier documentación que evidencie fehacientemente las funciones ejercidas por el ciudadano Carlos Alberto Sandoval Hernández, titular de la cédula de identidad Nº 19.851.873, quien se desempeñaba en el cargo de Técnico Aeronáutico, indicándoles que una vez los documentos solicitados sean consignados, la contraparte, podría si así lo quisiera impugnar los mismos dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a que conste en autos la remisión del referido expediente.

En el recurso de hecho interpuesto por las Apoderadas Judiciales de la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, contra el auto dictado en fecha 14 de enero de 2015 por el JUZGADO SUPERIOR CUARTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL, que oyó en un solo efecto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el referido Juzgado en fecha 24 de noviembre de 2014, que declaró Procedente la solicitud de indexación formulada en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de hecho interpuesto 2. CON LUGAR el recurso de hecho interpuesto 3. REVOCA el auto dictado en fecha 14 de enero de 2015, por el Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital 4. ORDENA al Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital oír en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte HOMOLOGA el desistimiento presentado por la Abogada Ana Karina Guerrero, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil C.V.G. Conductores de Aluminio del Caroní, C.A. (CVG CABELUM, C.A.). Así se decide.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: DESISTIDO el procedimiento en la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la ciudadana MARÍA ELENA TRINKER TUELLS, asistida por la Abogada Elizabeth del Carmen Trinker Reyes, contra el acto administrativo dictado en fecha 18 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.864 de fecha 14 de febrero de 2012, emanado del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, hoy SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE).

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido por la Abogada María Matute, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA, contra la decisión dictada en fecha 13 de diciembre de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, que admitió la prueba de testimonial promovida, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ROSA VÁSQUEZ y 2. DECAIMIENTO DEL OBJETO en el recurso de apelación interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 3 de octubre de 2011, por la Abogada Mary Correa, actuando en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano JONÁS MÁRQUEZ, contra la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2011, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la región Los Andes, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la SUPERINTENDENCIA DEL SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAMAT) DEL MUNICIPIO BARINAS DEL ESTADO BARINAS, 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante y 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de septiembre de 2009, por los Abogados Norma Ochoa, Hernán Angulo y Zoilo Marcano, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la parte recurrente, contra el auto dictado en fecha 28 de septiembre de 2009 por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que negó la solicitud de revocatoria por contrario imperio del auto de homologación del desistimiento en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la Resolución N° 007961, dictada en fecha 7 de julio de 2004 por la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, hoy día, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. IMPROCEDENTE la apelación interpuesta

En el recurso de apelación interpuesto por el abogado Pedro Fernando Guillén Peña, actuando con el carácter de Síndico Procurador del Municipio Naguanagua del estado Carabobo, contra el fallo proferido por el Juzgado Superior, en fecha 30 de junio de 2014, que declaró improcedente la oposición a la medida cautelar decretada por el referido Juzgado en fecha 11 de abril de 2014, en el procedimiento llevado cabo con ocación de la querella interpuesta por la ciudadana ROSSANA TARIFE CARRIONI, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO NAGUANAGUA DEL ESTADO CARABOBO; esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso; 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3. Se CONFIRMA el fallo dictado.