Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA CAUSA, a favor de los adolescentes (identidad omitida) por el delito de Robo en la Modalidad de Arrebatón, previsto y sancionado en el articulo 458 en su ultimo aparte del Código Penal; de conformidad con lo establecido en el literal “d” del artículo 561 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 318 Ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, así como lo consagrado en el ordinal 5 del articulo 108 del Código Penal, aplicado por remisión expresa del Artículo 537 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, por resultar evidente la falta de una condición necesaria para imponer la sanción.

Cumplida como fue la diligencia ordenada en autos, este Juzgado observa: La norma del artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, establece lo siguiente: “El monto a pagar por concepto de obligación alimentaria, así como la forma y oportunidad de pago pueden ser convenidos entre el obligado y el solicitante. En estos convenios debe preverse lo concerniente al incremento automático del monto fijado y los mismos deben ser sometidos a la homologación del juez, quien cuidará siempre que los términos convenidos no sean contrarios a los intereses del niño o del adolescente. El convenimiento homologado por el juez tiene fuerza ejecutiva”. Al folio seis (06) riela el convenio suscrito entre los ciudadanos José Gregorio Caraballo y Maritza Del Rosario Crespo Arias, ya identificados, el cual no es contrario al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. En consecuencia, este Tribunal de Protección del Niño .....

Cumplida como fue la diligencia ordenada en autos, este Juzgado observa: La norma del artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, establece lo siguiente: “El monto a pagar por concepto de obligación alimentaria, así como la forma y oportunidad de pago pueden ser convenidos entre el obligado y el solicitante. En estos convenios debe preverse lo concerniente al incremento automático del monto fijado y los mismos deben ser sometidos a la homologación del juez, quien cuidará siempre que los términos convenidos no sean contrarios a los intereses del niño o del adolescente. El convenimiento homologado por el juez tiene fuerza ejecutiva”. Al folio ocho (08) riela el convenio suscrito entre los ciudadanos Noris Josefina Aldazoro y Neris Gregorio Castillo Nelo, ya identificados, el cual no es contrario al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. En consecuencia, este Tribunal de Protección del Niño y d.....

Al folio uno (01) riela el convenio suscrito entre los ciudadanos Elainix Jordaline Sisiruca Manzano y Héctor Inés González Seguerí, ya identificados, el cual no es contrario al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. En consecuencia, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, le imparte su homologación. Conforme a dicho acuerdo la pensión de alimentos para el niño antes mencionado, queda fijada en la cantidad de veinte mil bolívares (Bs. 20.000, oo) semanales, además de los gastos de medicinas, médicos, vestuario, educación y otros servicios. Se acuerda remitir el presente expediente con oficio al Consejo de Protección del Niño y del Adolescente del Municipio Torres del estado Lara.

HOMOLOGA dicho convenimiento y DECRETA LA SEPARACION DE CUERPOS Y EN LOS TERMINOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD, de los ciudadanos JHONNIE BAUTISTA CUOTTO COLMENAREZ y NANNYJO ZOYCE LÓPEZ CANELÓN

Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal Undécimo del Ministerio Público, en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Control No. 4 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en fecha 27 de Mayo de 2002, donde declina la competencia del asunto en el Tribunal Superior Civil de esta Circunscripción Judicial del Estado Lara. SEGUNDO: SE REVOCA, el auto de fecha 27 de Mayo de 2002, producido por la referida Juez de Control No. 4, dejando SIN EFECTO alguno, la declinatoria de competencia hecha al Juzgado Superior Civil de esta Circunscripción Judicial y ORDENANDOSE al Tribunal a quo, que decrete, de inmediato la Medida Cautelar Precautelativa de Suspensión de la Ejecución del Embargo solicit.....

Se declaró CON LUGAR la Inbición planteada por la JUEZ PRIMERA DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DEL ESTADO LARA, Abg. Patricia Cabrera Manfredi.

Se dictó sentencia interlocutoria, en la cual este Juzgado Superior ACEPTO la declinatoria de competencia que le fuera formulada por el Dr. Horacio González, en su condición de Juez Superior en lo Civil, Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto y se declaró COMPETENTE para conocer de la recusación formulada en fecha 22 de julio de 2004, contra el Dr. Julio Cesar Flores, en su condición de Juez Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara y el ciudadano Freddy Eduardo Rosas, en su condición de secretario accidental de dicho tribunalen. En consecuencia, se ordena dictar auto a los fines de abrir los lapsos procesales correspondientes.

este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, la recusacion interpuesta por el abogado JORGE LUIS GONZALEZ, inscrito en el I.P.S.A., bajo el N° 74.029, contra la Juez del Municipio Jimenez del Estado Lara, Doctora YUNIA ROSA GOMEZ DUARTE GOMEZ, en consecuencia, se condena al recusante al pago de la multa de DOS MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 2.000,00), prevista en el artículo 98 del Código de Procedimiento Civil.

Se dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA, declarando DESISTIDO EL RECURSO DE HECHO interpuesto por el abogado RÓMULO ANTONIO SERRADA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 55.294, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana MARÍA MERCEDES MALPICA DE ARCAY, contra los autos de fechas 31 de agosto de 2004, 06 de noviembre de 2003 y 26 de enero de 2004, emanados del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del estado Lara, en el juicio que cursa por ante ese tribunal el N° KP02-M-2002-489. Se ordenó oficiar al tribunal de la causa, enviándole copia certificada de la decisión.