La Corte declaró IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por el abogado Francisco Paz Yanastacio, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Omar E. Casañas Rangel, en el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido contra la Resolución N° 338.10 de fecha 10 de julio de 2010, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido por el prenombrado abogado contra la Resolución N° 108.10 de fecha 1° de marzo de 2010, que le impuso una multa por la cantidad de Quince Mil Quinientos Veintidós Bolívares Fuertes (Bs. 15.522.000,00).

La Corte declaró La NULIDAD PARCIAL de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. REPUSO la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contando a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes aquí ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículos 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se ordenó notificar.

La Corte declaró La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 23 de septiembre de 2010, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia establecido en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. REPUSO la causa al estado de que se libraran las notificaciones a la sociedad mercantil PDV MARINA, S.A., a la Inspectoría del Trabajo de Transición de Punto Fijo, Estado Falcón y al ciudadano Klaus Uwe Vogler Gartner, quien es tercera verdadera parte, para que una vez consten en autos las notificaciones ordenadas se dé inicio al procedimiento de segunda instancia contemplado en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La Corte declaro REITERÓ Y RATIFICÓ LA MEDIDA CAUTELAR DE OCUPACIÓN, POSESIÓN Y USO DECRETADA POR EL JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, sobre los bienes de las sociedades mercantiles FAMA DE AMÉRICA S.A., Y CAFÉ FAMA DE AMÉRICA C.A., afectados por el Decreto de Expropiación Nº 7.035, en consecuencia: REITERÓ Y RATIFICÓ la ocupación, posesión y uso de los bienes descritos en el referido decreto. REITERÓ Y RATIFICÓ la orden de poner en posesión los bienes descritos a la Junta Administradora Ad-Hoc respectiva. DECRETÓ MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE OCUPACIÓN, POSESIÓN Y USO sobre los bienes descritos en el fallo ACORDÓ QUE LA OCUPACIÓN, POSESIÓN Y USO de los mismos se ejerza en los términos establecido en el decreto cautelar ratificado. EXHORTÓ a los órganos de seguridad a prestar apoyo institucional. RDENÓ tramitar el procedimiento de oposición a la medida acordada. Se ordenó notificar.

La Corte declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer la apelación incoada por la abogada Daniela Margarita Méndez Zambrano, actuando con el carácter de apoderada judicial de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, contra la decisión de fecha 3/10/07, dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró la improcedencia de la solicitud de suspensión de efectos y de la medida cautelar interpuesta conjuntamente con el recurso de nulidad, contra la Providencia Administrativa Nº 2174-06, de fecha 24/08/06, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL, MUNICIPIO LIBERTADOR, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de calificación de despido incoada por el referido Órgano, contra el ciudadano José Ramón Rodríguez. Sin Lugar la apelación. CONFIRMÓ con las precisiones expuestas la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expdiente al a quo y notificar.

La Corte declaró IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS requerida por las abogadas Noemi Fischbach y Alejandra Figueiras, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la ciudadana MICHELINA FEZZUOGLIO DE TABET, dentro del marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la referida ciudadana contra la Resolución Nº 336.10, de fecha 2 de julio de 2010, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), mediante la cual se acordó sancionar con multa a la recurrente, por la cantidad de Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Siete Bolívares Fuertes con Cuarenta y Nueve Céntimos (Bs. F. 42.667,49). Se ordenó notificar.

La Corte declaró Su Competencia para conocer de la consulta del fallo dictado por el referido Juzgado Superior,... Revoca la sentencia consultada,... Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar innominada y subsidiariamente con solicitud de suspensión de efectos interpuesta; ADMITE el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada y subsidiariamente con solicitud de suspensión de efectos; IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada; IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado; ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.

La Corte declaró ACEPTA la declinatoria de competencia efectuada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar; ADMITE el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar; IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado; ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.

La Corte declaró No acepta la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para conocer de la presente demanda; Plantea conflicto de competencia ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.