Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- NOTIFICAR al ciudadano GERARDO ALFONZO DÍAZ LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 8.561.171, para que exponga, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en autos el recibo de su notificación, si conserva interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el referido interés en el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. En el entendido que de no realizar dicha exposición dentro del plazo que fue fijado, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo procederá a dictar la decisión correspondiente. De igual manera, se ordenó notificar al ALCALDE DEL MUNICIPIO LEONARDO INFANTE DEL ESTADO GUÁRICO, al PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL y al SÍNDICO PROCURADOR DEL REFERIDO MUNICIPIO.

Se dictó auto para mejor proveer mediante el cual esta Corte solicitó al Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar, se sirva remitir a este Órgano Jurisdiccional copia del libelo de la demanda interpuesta, así como la decisión mediante la cual el aludido Juzgado declaró su competencia para conocer y decidir de la presente demanda, para lo cual se fija un lapso de diez (10) días de despacho -contados a partir de que conste en autos el recibo del referido Oficio-, a los fines de que el Juzgado de Instancia informe sobre el presente requerimiento.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- la PÉRDIDA DEL INTERÉS y la EXTINCIÓN DEL PROCESO del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar presentado por la abogada Nancy Amaya de Silva, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos OLGA JOSEFINA LANDAETA, TEODORO ALFONSO SILVA y RAFAEL ÁNGEL BLANCO, titulares de las cédulas de identidad números 2.719.191, 2.999.277 y 4.278.542, respectivamente, contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nº OAL-1291, de fecha 28 de marzo de 2003, emanado de la SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORROS, ADSCRITA AL ENTONCES MINISTERIO DE FINANZAS. 2.- CESAN los efectos del amparo cautelar decretado por la otrora Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante decisión de fecha 28 de mayo de 2003. Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada de la presente decisión. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- DECAIMIENTO DEL OBJETO, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil GALERÍAS ÁVILA CENTER, S.R.L., contra el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS). 2.- INOFICIOSO pronunciarse sobre la solicitud de desistimiento planteada en fecha 18 de septiembre de 2013, por la abogada Christina María Barrios Lanz, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente. 3.- INOFICIOSO pronunciarse sobre la solicitud de no homologación del desistimiento, planteada en fecha 1º de octubre de 2013, por el abogado Ramón Verastegui Hernández, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Albert Blanco Toro. Se ordenó notificart y archivar el expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido el 9 de octubre de 2012, por el abogado Juan Tovar Galiano, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, contra el fallo dictado en fecha 28 de septiembre de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, mediante el cual declaró el decaimiento del objeto en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LUIS EDGARDO RODRÍGUEZ DELPINO, contra el CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIA DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO ARAGUA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada

esta Corte en aras de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes, y en atención a lo estatuido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente caso por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, declara la nulidad parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el día 4 de diciembre de 2013, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo y, en consecuencia, repone la causa al estado de la notificación a las partes para que se dé inicio al lapso de fundamentación a la apelación, tal y como lo estatuye el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.

Se dictó decisión medienta la cual esta Corte: 1: Su INCOMPETENCIA SOBREVENIDA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por el ciudadano RICHARD JAVIER REY, asistido por el abogado Miguel Ángel Esqueda, contra el acto administrativo Nº 0561, de fecha 24 de noviembre de 2011, emanado del CONSEJO DISCIPLINARIO DEL DISTRITO CAPITAL DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C.). 2.- PLANTEÓ EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA y en consecuencia, ordenó la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que conozca el conflicto negativo de competencia suscitado en el presente caso. Se ordenó remitir el expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la parte actora el 13 de marzo de 2013, contra el dispositivo del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 6 de marzo de 2012, cuya sentencia fue posteriormente dictada en fecha 17 de abril de 2012, que declaró inadmisible por caduca la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano JORGE PASTOR ABREU GRATEROL, asistido por los abogados Wilfredo López y Rosa Plessmann, antes identificados, contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR, por cobro de diferencia de prestaciones sociales. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 25 de octubre de 2013, por la representación judicial del ciudadano MANUEL ANTONIO MAJARRES, la decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira de fecha 18 de octubre de 2013, por medio de la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el acto administrativo Nº 150-13, del 28 de febrero de 2013, emanado del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO TÁCHIRA, mediante el cual se le concedió el beneficio de jubilación. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- Se CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte declara: 1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta. 2.- Se ADMITE de manera preliminar -salvo la causal de inadmisibilidad de la caducidad, por haber sido interpuesto conjuntamente con amparo cautelar- por el abogado Ney German Molero Martínez, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Luis Alberto Urdaneta Azuaje. 3.- Declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado. 4.- Se ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con el objeto de que examine lo relativo a la caducidad del recurso ejercido, y de resultar admisible, continúe su curso de Ley.