Esta Corte declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial del Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Bienestar Social del Estado Táchira, y en consecuencia ANULA, las actuaciones procesales realizadas por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, posteriores al fallo de fecha 22 de septiembre de 2010.

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la querellante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 25 de junio de 2013, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Vanessa Rossi Castillo y Ricardo Lezama, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana VIANNLY ANTONIETA SUAREZ RANGEL, contra el acto administrativo contenido en la resolución Nº 000135 del 14 de junio de 2012, emanada del Presidente del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S), mediante la cual se resolvió destituirla del cargo de Enfermera I. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 4 de noviembre de 2013, por el abogado Ramón Alberto Pérez Torres, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana YANIXA SPOSITO, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Estatal Contencioso Administrativo del Estado Aragua el 30 de septiembre de 2013, que declaró perimida la instancia en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se REVOCA la sentencia apelada. 4.- Se ORDENA remitir el expediente al Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los fines de que continúe con el procedimiento en la fase que se encontraba.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: la NULIDAD de las actuaciones procesales posteriores al lapso de fundamentación de la apelación, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, se dé inicio al lapso de contestación a la fundamentación de la apelación interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de octubre de 2005, por el abogado Jorge Luis Parra, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 31.143, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO, contra la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2005, dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, que declaró con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana MIRTHA CELINA MÉNDEZ NARVÁEZ; 2. DESISTIDO el recurso de apelación; 3. IMPROCEDENTE, la consulta de la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2005, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte; 4. FIRME, el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: la NULIDAD de las actuaciones procesales posteriores al lapso de fundamentación de la apelación, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, se dé inicio al lapso de contestación a la fundamentación de la apelación interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: la NULIDAD de las actuaciones procesales posteriores al lapso de fundamentación de la apelación, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, se dé inicio al lapso de contestación a la fundamentación de la apelación interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: la NULIDAD de las actuaciones procesales posteriores al lapso de fundamentación de la apelación, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, se dé inicio al lapso de contestación a la fundamentación de la apelación interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual: 1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la Demanda de Nulidad interpuesta conjuntamente con Amparo Cautelar, interpuesta por el ciudadano JORGE ALBERTO GRATEROL, contra el Acto Administrativo denominado "Auto Decisorio" del 10 de junio de 2013, emanado del Director de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A., mediante el cual declaró la responsabilidad administrativa y civil, del citado ciudadano, imponiéndole sanción de multa por todos los daños ocasionados a la Industria Petrolera Nacional. 2.- Se ADMITE de manera preliminar. 3.- Declara IMPROCEDENTE el Amparo Cautelar solicitado. 4.- Se ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con el objeto de que examine lo relativo a la caducidad del recurso ejercido, y de resultar admisible, continúe su curso de Ley.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 8 de noviembre de 2006, por la abogada Adriana Muñoz, actuando en su carácter apoderada judicial del ciudadano ÁNGEL RAFAEL BOLÍVAR GÓMEZ, en contra de la sentencia dictada el 25 de octubre de 2006 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Nor Oriental, que declaró inadmisible in limine litis el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por dicha representación judicial contra la CONTRALORÍA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI; 2. - CON LUGAR el recurso de apelación; 3. - Se REVOCA, el fallo apelado; 4. - Se ORDENA remitir el presente expediente al Tribunal de Origen a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso, con excepción de la caducidad, la cual fue analizada en el presente fallo.