Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Tribunal, proveyó el escrito de pruebas presentado por la abogada NILDA LEGUIZAMÓN CORDERO, apoderada judicial de la ciudadana ALICIA JOSEFINA VILLALOBOS DURAN, de la siguiente manera: 1) En cuanto a las documentales promovidas en los Capítulos I, II, III, IV, V, VI y VII, se admitieron en cuanto ha lugar en derecho se refiere, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes; 2) Con relación a las documentales promovidas en los Capítulos VIII, IX y X, se admitieron en cuanto ha lugar en derecho se refiere, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, y, por cuanto cursan en autos, manténganse en el expediente.

Auto mediante el cual se acuerda citar a la ciudadana Procuradora General de la Procuraduría General de la República.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntametne con solicitudes de medidas cautelares innominadas por el abogado Álvaro Guerrero Hardy, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Moliendas Papelón, S.A. (MOLIPASA), contra el acto administrativo contenido en la providencia administrativa número 104 de fecha 19 de marzo de 2010, dictado por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), notificado en fecha 26 de noviembre de 2010, mediante oficio sin número, de fecha 19 de marzo de 2010.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación admitió el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medidas cautelares por el abogado Frank Franco Gutiérrez actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Luis A. Meléndez Arias, Dana Marisol Cuicas de Del Villar, Aura Marina Barragán de León, Myrian Josefina Mendoza de Colmenarez, Ramón Sergio Vásquez Sánchez, Elizabeth Marina Zapata Viganoni, Zulay Cecilia Zapata Viganoni, José Enrique Zapata Viganoni, Miguel Ángel González y de la sociedad mercantil Inversiones Cortés, C.A., contra el acto administrativo Nº 0230-4757CJ-000602 de fecha 23 de junio de 2010, dictado por el Director General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación estimó que la competencia para conocer de la presente demanda corresponde a los Juzgados Superiores de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en consecuencia, acordó remitir el presente expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a los fines de que dicte la decisión correspondiente.

La Corte declaró SU COMPETENCIA para conocer del conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes con ocasión de la acción de amparo constitucional interpuesta por Casto Martin Muñoz Milano, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 3.072, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Dickson Adolfo Montero Camacho, titular de la cedula de identidad Nro.9.268.191, contra el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista; Que el COMPETENTE para el conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta es el Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción del Estado Apure, al cual se ORDENA remitir el presente expediente.

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer la acción de amparo constitucional ejercida por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Proactiva Libertador, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 28 de diciembre de 2004, bajo el Nº 63, Tomo 219-A-Sgdo, contra los autos de fecha 2 y 11 de agosto de 2010, dictados por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital; INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida con fundamento en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y 3.- REABRE el lapso a la sociedad mercantil Proactiva Libertador, C.A., para el ejercicio del recurso de apelación a partir de que se haga efectiva la notificación del presente fallo.

La Corte declaró La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 30 de septiembre de 2010, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo; Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio a la relación de la causa, contemplada en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La Corte declaró IMPROCEDENTE la acción de Amparo Cautelar constitucional interpuesta en forma conjunta con el recurso contencioso administrativo de nulidad y, subsidiariamente, medida cautelar de suspensión de efectos e innominada, por los abogados Juan Pablo Livinalli, Jorge Kirikiadis Longhi, Fidel Montañez y Luis Vollbracht Serpa, supra identificados, en su condición de apoderados judiciales del ciudadano Homero Antonio Farías, titular de la cédula de identidad Número V- 127.389, Presidente de la sociedad mercantil SEGUROS BANVALOR, C.A., contra la Resolución Nº FSS-2-002716 de fecha 22 de septiembre de 2010, publicada en Gaceta Oficial Número 39.516 de fecha 23 de septiembre de 2010, dictada por el SUPERINTENDENTE DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada.

La Corte declaró DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano JOSÉ ANTONIO CANONIGA, titular de la cédula de identidad Nº 81.773.492, asistido por el abogado Luis León, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 84.846, contra la decisión dictada el 24 de febrero de 2010, por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), que decidió ratificar la medida de suspensión del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD).