LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano ALFREDO RAMÓN ZEA MENDEZ, asistido por la abogada María Alejandra Salima Medina, contra la Providencia Administrativa s/n de fecha 14 de febrero de 2002 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO FALCÓN, que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido incoada por la sociedad mercantil PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A (PDVSA) contra el referido ciudadano; ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Oswaldo Pinto Málaga, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil VENEPAL, C.A., contra la Providencia Administrativa s/n de fecha 12 de noviembre de 2002, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA, que ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos solicitados por la ciudadana GENNY GUEVARA, contra la referida sociedad mercantil. En consecuencia, SE ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, a los fines legales consiguientes

La Corte declaró SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos y ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

LA CORTE DECLARÓ SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 3 de marzo de 2004. En consecuencia se CONFIRMA el fallo apelado.

LA CORTE DECLARÓ DESISTIDA la apelación interpuesta. En consecuencia, queda FIRME el fallo apelado.

LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el abogado Rafael Ortíz Ortíz, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE), contra la Providencia Administrativa s/n de fecha 20 de junio de 2002 por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA, que declaró con lugar la solicitud de Reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano MANUEL MAITIN, titular de la cédula de identidad N° 4.228.229 contra el Centro de Mecánica (CEMA) dirigido por la referida Institución; ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

LA CORTE SE DECLARÓ COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida contra el fallo de fecha 7 de agosto de 2003. SIN LUGAR la apelación ejercida y, en consecuencia se CONFIRMA la sentencia del a quo en los términos expuestos en el presente fallo.

La Corte CONFIRMA el fallo sometido a consulta que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en los términos expuestos en la motiva del presente fallo.

.-LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente, solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado y medida cautelar innominada, de conformidad con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, por la abogada Maribel Trujillo Figuera, actuando con el carácter de apoderada judicial de la COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA CORPORACIÓN DE TURISMO DE VENEZUELA, contra el Acta de fecha 24 de mayo de 2002, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO MÉRIDA, que ordenó el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano HUBER ALBERTO DÁVILA VILLEGAS, por parte del mencionado ente público. ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

LA CORTE DECLARÓ CON LUGAR la apelación ejercida, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró SIN LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por la referida ciudadana, contra el acto administrativo N° DP-694-2004, de fecha 30 de septiembre de 2004, suscrito por el DIRECTOR DE PERSONAL DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL por la presunta violación de los derechos a obtener oportuna y adecuada respuesta, a la salud, la irrenunciabilidad de los derechos laborales y a la estabilidad en el trabajo, consagrados en los artículos 51, 83, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. REVOCA el fallo apelado. INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta.