Se dicto decisión mediante la cual se declaró la incompetencia para conocer de la presente demanda de nulidad a la Corte Segunda de lo Contencioso Aadministrativo y se ordenó su remisión a los Tribunales Laborales de Primera Instancia de la Circuncricripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Tribunal proveyó el escrito de pruebas presentado en fecha 19 de octubre de 2011, por la abogada Rebeca Roomers Ramírez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 144.870, en su carácter de representante de la Procuraduría General de la República, de la siguiente manera: en cuanto a las documentales promovidas en el capítulo I del escrito de pruebas, por cuanto se contraen a reproducir el mérito favorable de autos, este Tribunal las admitió en cuanto ha lugar a derecho se refiere, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes y, por cuanto cursan en el expediente se ordenó mantenerlos en el mismo. En relación a la comunidad de la prueba invocada en el CAPITULO II del escrito, se advirtió que el mismo no constituye medio probatorio en virtud del principio de exhaustividad previstos en el artículo 509 del CPC.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Tribunal se declaró competente a la Corte Segunda para conocer la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Alejandro Arreaza, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil Inversiones 170, C.A., contra la Resolución Nº SIB-DSB-CJ-PA-28733 de fecha 13 de septiembre de 2011, dictada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario,la admitió;ordenó notificar a los ciudadanos FGR, PGR y Superintendente de Sudeban, al cual igualmente se le solicitaron los antecedentes administrativos y finalmente, dejó establecido que una vez consten en autos las notificaciones ordenadas se remitirá a la CSCA, el expediente a fin que se fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la LOJCA.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación admitió la presente demanda por cobro de bolívares y daños y perjuicios intentada conjuntamente con medida cautelar de embardo por el abogado José Ignacio Mosqueda, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Inversora Horizonte, S.A., contra las sociedades mercantiles Organización Corporativa Venezolana, C.A. y Seguros Pirámide, C.A, asimismo, se ordenó notificar al ciudadano Procurador General de la República.

Se dictó auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concede a la parte demandante tres (3) días de despacho para que consigne original o copia del documento señalado para corregir o subsanar los errores que se han constatado y se ordenó solicitar los antedecentes administrativos del caso.

Se dictó auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre el escrito de pruebas presentado por el abogado Nicolás Badell, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Mercantil Seguros, C.A., asimismo, se ordenó solicitar los antecedentes administrativos del caso al ciudadano Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a lo Bienes y Servicios (INDEPABIS) y notificar al ciudadano Procurador General de la República de la prsente decisión.

Se dictó auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre el escrito de pruebas presentado por el abogado Luis Eduardo Angelucci Méndez, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Joel Beens Díaz, asimismo, se ordenó notificar al ciudadano Procurador General de la República, al Síndico Procurador y al Alcalde del Municipio Carrizal del Estado Miranda.

Se dictó auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre el escrito de pruebas presentado por el abogadoJuan Rafael Stredel González, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Alcaldía del Municipio Carrizal del Estado Miranda, asimismo, se ordenó notificar al ciudadano Procurador General de la República.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación admitió el recurso interpuesto por por los abogados Rafael Badell Madrid, Álvaro Badell Madrid y Nicolás Badell Benítez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Mercantil Seguros, C.A. contra la Resolución s/n de fecha veintitrés (23) de abril de dos mil ocho (2008), notificada en fecha trece (13) de abril de dos mil nueve (2009), dictada por el Presidente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU) hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y ordenó la notificación de la ciudadana Fiscal General de la República y del ciudadano Procurador General de la República, así como, al ciudadano Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: - IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar presentada por la Sociedad Mercantil MIGO LARA C.A., contra el acto administrativo S/N de fecha 21 de enero de 2010, emanado del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS). Así se decide.