En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Sociedad Mercantil UNIÓN PRODUCTORES AGROPECUARIOS, C.A. (UPACA), contra la Providencia Administrativa N° S/N de fecha 26/06/2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, que declaró Con Lugar la Solicitud de Reenganche y Pagos de Salarios Caídos interpuesta por los ciudadano JOSÉ ESTEBAN SUÁREZ, VÍCTOR BOHORQUEZ, ELIO PATIARROYO y otros, contra la referida Sociedad Mercantil y 2.- Ordena REMITIR el presente expediente al Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, extensión Maracaibo, de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, según corresponda previa distribución.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 6/02/2009, por el Abogado Hugo Luis Dam Suárez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano NAUDIN SPANKIU MARTÍNEZ MORILLO, contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha 3/02/2009, por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante la cual admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, declaró improcedente la medida de amparo cautelar solicitada e improcedente la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA la sentencia apelada.

En la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por el ciudadano JESÚS SALVADOR LEAL, titular de la cédula de identidad Nº 10.317.437, actuando con el carácter de Presidente del Concejo Municipal del Municipio Valera del estado Trujillo, contra los ciudadanos RAMÓN ALARCON BRICEÑO, REGULO BRICEÑO VILLAREAL, BONY PABLO MÚJICA y Otros, titulares de las cédulas de identidad Nros. 10.037.205, 10.914.546 y 9.608.874, respectivamente; se dictó auto mediante el cual se dio cuenta a la Corte y se designó ponente al Juez ENRIQUE SÁNCHEZ, a quien se ordenó pasar el expediente, a los fines que la Corte decida acerca de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Occidental, en fecha trece (13) de julio de dos mil once (2011). En esta misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano MARCOS TULIO CABRERA CORONEL, contra la Resolución N° 004-2009, de fecha 16/01/2009, emanada de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, que declaró Sin Lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 234-2008, de fecha 21/11/2008, 2.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie acerca de la admisión de la presente causa y de ser conducente, continúe con el procedimiento de Ley y 3.- ORDENA al Juzgado de Sustanciación abrir cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada y efectuar las notificaciones necesarias a las partes.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 1/12/2008, por la Abogada Leonor Rivas, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil TELECOMUNICATIONS TECHNOLOGIES. INC, C.A., tercero interesado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 7/10/2008, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano LARRY JOSÉ MARTÍNEZ, contra la Providencia Administrativa N° 604-06, dictada en fecha 31/07/2006, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA el fallo objeto de apelación.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil BANCO CARONÍ, C.A. BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución Nº 075.10, de fecha 5/02/2010, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, 2.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie acerca de la admisión de la presente causa y de ser conducente, continúe con el procedimiento de Ley y 3.- ORDENA al Juzgado de Sustanciación abrir cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada y efectuar las notificaciones necesarias a las partes.

En el recurso de apelación interpuesto por la Apoderada Judicial de la sociedad mercantil "ATLANTIS MOTOS, C.A.", contra la sentencia dictada en fecha 19 de noviembre de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró Improcedente el amparo cautelar y Sin Lugar la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la Providencia Administrativa Nº 00754 de fecha 12 de septiembre de 2008, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, SEDE BARQUISIMETO. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; SIN LUGAR la apelación interpuesta; CONFIRMÓ el fallo apelado con la reforma indicada en la motiva.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: DESISTIDO el procedimiento del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por el Abogado Oscar Guilarte Hernández, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil EUXON INVERSIONES TURÍSTICAS, C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° CNC-D-009/2010, de fecha 15 de enero de 2010, notificada en fecha 24 de febrero de 2010, dictada por el DIRECTORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES.

En la Consulta de ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha 10 de noviembre de 2010, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Apoderado judicial del ciudadano JOHN ENRIQUE MORILLO CASTILLO contra el SERVICIO DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN (DISIP) hoy SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN). Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer de la presente en Consulta; REVOCÓ por orden público la sentencia dictada por el A quo; INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial al haber operado la caducidad de la acción.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido por la Abogado Zulay de Armas, en el carácter de presidente del Concejo Municipal querellado, debidamente asistida por el Abogado Luis Regalado García, antes identificados, contra la sentencia de fecha 9/06/2010, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, que declaró Parcialmente con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano RAFAEL MORA INOJOSA contra el MUNICIPIO LOS GUAYOS DEL ESTADO CARABOBO, 2. DESISTIDO el recurso de apelación y 3. FIRME el fallo apelado.