La Corte declaró SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos y ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y lo Contencioso Administrativo de la Región Central, para conocer de la presente causa.

La Corte declaró SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar, y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos y ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

La Corte declaró SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos y ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

La Corte declaró SU COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley a la que está sometido el fallo que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial ejercida, y CONFIRMA el fallo dictado por el a quo.

Auto ORDENANDO remitir el expediente al Juzgado Superior (Distribuidor) en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines legales pertinentes.

La Corte declaró SIN LUGAR la apelación ejercida contra la decisión que declaró INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional incoada y CONFIRMA el fallo apelado.

. LA CORTE NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 28 de febrero de 2005, para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con amparo cautelar interpuesto por el ciudadano Sergio Ramón Castellanos, actuando en el carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Hospital Coromoto del Estado Zulia, asistido por los abogados Beatriz Zambiagio Araque y Deiro Fuenmayor Villalobos, contra la (s/n) dictada en fecha 22 de octubre de 2004, por la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo, Estado Zulia, que declaró la nulidad absoluta de la Cláusula Trigésima Quinta (35) de la Convención Colectiva de Trabajadores del Hospital Coromoto del Estado Zulia.ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado.

LA COETE SE DECLARA INCOMPETENTE sobrevenidamente, para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado José Agustín Ibarra, inscrito en el Ipsa bajo el N° 56.464, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Eglis Desire Bolívar, titular de la cédula de identidad N° 13.543.055, contra la Resolución N° 101 de fecha 28 de julio de 1998, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara mediante el cual declaró sin lugar la solicitud de pago de salarios caídos incoada por su representad ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado.

LA SE CORTE DECLARA DESISTIDO el recurso de apelación ejercido por el abogado Vicente Amengual Sosa, antes identificado, en su condición de apoderado judicial del recurrente contra la sentencia dictada el 05 de mayo de 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto..En consecuencia, se declara FIRME la sentencia apelada.

LA CORTE SE DECLARA INCOMPETENTE sobrevenidamente para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos interpuesto por los abogados Juan Carlos Regardiz Salas y Javier E. Adrián Tchelebi, actuando en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Astec Oil Services, C.A., contra la Providencia Administrativa N° 101, dictada en fecha 19 de junio de 2000, por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Monagas, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos formulada por el ciudadano Robin José Latuff Guzmán, ya identificado. ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado.