Esta Corte: DECRETÓ LA EJECUCIÓN VOLUNTARIA de la sentencia Nº 2014-1011 de fecha 10 de julio de 2014, dictada por este Órgano Jurisdiccional, y concede un lapso de 60 días de despacho siguientes a la notificación, para que la parte accionada, dé cumplimiento voluntario a la referida decisión, en consecuencia: ordenó los Librar oficios, anéxar copia certificada de la sentencia Nº 22014-1011 de fecha 10 de julio de 2014, dictada por esta Corte, así como del presente fallo y ordenó remítir copia al Procurador General de la República, al Contralor General de la República, al Procurador General del estado Guárico, al Contralor General de la República y al Contralor General del estado Guárico.

Esta Corte declaró su COMPETENCIA para conocer la causa; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; y CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: SU COMPETENCIA para conocer la recusación formulada en fecha 6 de julio de 2017 por el abogado MAURO ÁLVAREZ HILARRAZA, actuando en su carácter de Consultor Jurídico del Instituto Autónomo Municipal Cuerpo de Bomberos de Cumaná del estado Sucre, contra abogada Silvia Espinoza en su condición de Juez del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre; SIN LUGAR la recusación planteada por el abogado MAURO ÁLVAREZ HILARRAZA, actuando en su carácter de Consultor Jurídico del Instituto Autónomo Municipal Cuerpo de Bomberos de Cumaná del estado Sucre en fecha 6 de julio de 2017; SE ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro del lapso de 24 horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la abogada SILVIA JULIA VICTORIA ESPINOZA SALAZAR, antes identificada.

En la demanda de nulidad incoada por los ciudadanos José J. Martinez S., y otros, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el 23 de noviembre de 2016, por el Abogado Richard J. Sierra P., de los demandantes contra el auto dictado en fecha 18 de noviembre de 2016, por el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo del estado Bolívar, que declaró inadmisible la prueba de inspección judicial promovida por la parte actora; 2.- ORDENA DE OFICIO la ACUMULACIÓN del presente expediente N° AP42-R-2017-000019, contentivo de la apelación de las pruebas, a la causa contenida en el expediente N° AP42-R-2017-000636, la cual es la causa principal. 3.- Se ORDENA el cierre en el Sistema Juris 2000 del presente expediente. 4.- INCORPÓRESE el presente expediente como pieza separada, al expediente signado con el N° AP42-R-2017-000636.

Esta Corte declaró: El DECAIMIENTO DEL OBJETO de la apelación ejercida en fecha 8 de marzo de 2010, por la representación judicial de la parte recurrente, contra la decisión de fecha 17 de febrero de 2010 dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Betty Torres Díaz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 13.047, actuando con el carácter de apoderada judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS VALLES DEL TUY.

Esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, y Municipio Arismendi del estado Barinas de fecha 13 de mayo de 2011, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano HÉCTOR JOSÉ TROCEL ORTEGA, representado por el abogado Marcos Goitia, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE (POLICÍA DEL ESTADO APURE); y 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMÓ el fallo dictado en fecha 13 de mayo de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, y Municipio Arismendi del estado Barinas.