Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Tribunal proveyó el escrito de pruebas presentado en fecha 29 de junio de 2011, por las abogadas Nayadeth Mogollón Pacheco y María Olimpia Labrador, apoderadas de la recurrente, de la manera siguiente: En relación al mérito favorable de los autos, se ha sostenido que no es medio de prueba alguno, en consecuencia, corresponderá a la Corte Segunda su valoración; y en relación a las documentales que se contraen al mérito se admitieron y por cuanto cursan en el exp. admin¡strativo mantengánse en el mismo; 5) En relación a la impugnacion formulada se ordenó abrir la articulación probatoria, conforme al artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por el apoderado judicial de la parte actora de la siguiente manera: En cuanto al mérito favorable de los documentos indicados en los num. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, del Cap. I, las admite cuanto ha lugar en derecho se requiere, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva y por cuanto dichos instrumentos cursan a los autos, manténganse en el exp.; En cuanto a las documentales promovidas en el Cap. II numerales 1 y 2, las admite cuanto en derecho se requiere por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva.; En cuanto a la prueba de informes del Cap. III, las admite cuanto en derecho se requiere por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Tribunal proveyó el escrito de pruebas presentado en la audiencia de juicio celebrada en fecha 30 de marzo de 2011, por los abogados Álvaro Badell Madrid y Nicolas Badell Benítez , de la siguiente manera: 1) En relación al merito favorable de las documentales y del expediente administrativo se advirtió que en virtud del principio de exhaustividad contemplado en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, corresponderá a la Corte la apreciación y valoración de los referidos alegatos así como de los autos que conforman el presente proceso, en la oportunidad de decidir acerca del fondo del asunto debatido.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó la prueba de ratificación de documentos privados, promovida por el Abogado Jorge Kirikiakidis, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, las cuales se admitieron en cuanto a lugar en derecho se requiere, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, en consecuencia, se ordenó citar a los ciudadanos Jesús A. Rojas Díaz y José Guerra, titulares de las cédulas de identidad números 1.856.388 y 4.947.607 respectivamente, a los fines de su ratificación conforme a lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

Se dictó resolución mediante la cual este Juzgado admitió la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la abogada Alba Marina Rondón de Roa, apoderada judicial de la Asociación Civil de Garantías de Riesgo Automotriz, contra Instituto Nacional de Transporte Terrestre; ordenó notificar a los ciudadanos FGR, PGR y Presidente del (INTT), se solicitó los antecedentes administrativos del caso; ordenó la notificación de la Asociación Civil de Garantías de Riesgo Automotriz y se comisionó al Juzgado (Distribuidor) de los Municipios San Cristóbal y Torbes del estado Táchira; estableció librar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados; se ordenó remitir a la Corte una vez conste en autos las notificaciones ordenadas, a fin de fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio. Finalmente se acordó, la apertura de un cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida cautelar solicitada.

Auto mediante el cual se providenció recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Claudia M. Acevedo González, actuando en condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil Seguros Nuevo Mundo, S.A., contra el acto administrativo contenido en el Oficio N° CAD-PRE-VACD-GFI-107212 de fecha 10 de noviembre de 2010, notificado el 18 del mismo mes y año, dictado por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), que negó la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) N° 13037670.

Auto mediante el cual se providenció el escrito presentado en fecha 09 (09) de junio de 2011, contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Luís Fraga Pittaluga, procediendo en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento, Banco Universal (BOD), contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 167.11 dictada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, de fecha tres (03) de junio de 2011, notificada mediante Oficio N° SIB-DSB-CJ-PA-15533 de la misma fecha, que declaró parcialmente con lugar el recurso de reconsideración interpuesto en fecha 9 de mayo de2011, contra el Oficio N° SIB-II-GGIBPV-GIBPV5-10374 de fecha 20 de abril de 2011.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad de las pruebas promovidas en esta instancia por el abogado Neiro Ramón Carruyo Ríos, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Yadelsy Cecilia Sánchez Contreras.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad de las pruebas promovidas en esta instancia por la abogada Emil Estrella Negrin Medina, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Contraloría del Municipio Dr. José María Vargas del Estado Táchira.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Juzgado a quo, en fecha 28 de enero de 2011, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso interpuesto por los sustitutos de la Procuradora General de la República, por órgano de la ASAMBLEA NACIONAL, contra la Providencia Administrativa Nº 634-08, de fecha 2 de septiembre de 2008, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO LIBERTADOR. 2.-Improcedente la solicitud de declarar desistido el procedimiento de segunda instancia por falta de fundamentación. 3.- SIN LUGAR la apelación incoada. 4.- CONFIRMÓ con base en las consideraciones expuestas, la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 28 de enero de 2011. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Origen.