LA CORTE OBSERVA que transcurridos treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, y al no haber las partes intervinientes manifestado su interés en que la consulta remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se decida, debe quedar firme la sentencia dictada en fecha 20 de noviembre de 2003 por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al referido Órgano Jurisdiccional.

LA CORTE DECLARÓ SU COMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada MARÍA TERESA ONSALO LAVAUD, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana LIGIA MIGUELINA MÁRQUEZ DE ISTURRIAGA, contra la Asociación Civil CAJA DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE), ASOCIACIONES CIVILES E INSTITUTOS SECTORIALES DEL INCE (CATINCE), por la presunta inejecución de la Providencia Administrativa N° 1576-04 de fecha 6 de diciembre de 2004 emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y el pago de salarios caídos incoados por la accionante. ORDENA oficiar al Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, para que dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a que conste en autos su notificación, de cumplimiento a lo establecido en el.....

LA CORTE DECLARA SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el apoderado judicial del accionante, contra el auto dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental en fecha 14 de junio de 2005, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; SE DECLARA con lugar la apelación interpuesta; SE REVOCA el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental en fecha 14 de junio de 2005; Conociendo del fondo del asunto, se declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Geybelth Alfonzo y Marylola Brito Franco, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JESÚS ANTONIO HERNÁNDEZ, contra la sociedad mercantil HIDROLÓGICA DEL CARIBE, C.A., por la presunta inejecución d.....

LA CORTE DECLARA SU COMPETENCIA para conocer en primer de jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana SAIDA MARÍA DI ANTONIO DE CARRERO, asistida por los abogados Félix Augusto Sánchez y Aura Eslava García, contra el ciudadano ALFREDO ANTERO MATUTE GIL, en su condición de NOTARIO PÚBLICO TERCERO DEL ESTADO ARAGUA; REVOCA la sentencia de fecha 14 de junio de 2005, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central la cual declaró improcedente la presente acción de amparo constitucional, por las razones expuestas en la motiva del presente fallo; INADMISIBLE la acción de amparo constitucional propuesta de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

LA CORTE CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, en fecha 12 de abril de 2004, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano RUBEN MADURO, titular de la cédula de identidad N° 8.601.551, asistido por la abogada Deice González Ramírez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 17.681 contra la UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA. DECLARA SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial del ente accionado.

LA CORTE DECLARÓ SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante; SE CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 1° de septiembre de 2003, con las modificaciones expuestas en el presente fallo.

LA CORTE DECLARÓ SU COMPETENCIA para conocer de apelación interpuesta contra el fallo dictado en fecha 8 de diciembre de 2004, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; CONFIRMA el fallo dictado por el referido Juzgado Superior en fecha 8 de diciembre de 2004, mediante el cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano PORFIRIO ANTONIO GARATE, asistido por la abogada Belkys Véliz R., contra la omisión del INSTITUTO AUTÓNOMO ANZOATIGUENSE DE LA SALUD (SALUDANZ) adscrito a la Gobernación del Estado Anzoátegui, en ejecutar la Providencia Administrativa N° R-724-03 de fecha 15 de marzo de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO ANZOÁTEGUI que ordenó el reenganche y pago de salarios caídos del accionante.

LA CORTE SE DECLARÓ COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Carlos Escarrá Malavé, Víctor Álvarez Medina, Álvaro Ledo Nass, Gabriel Montiel Mogollón, Gilberto Hernández Kondryn Y Joshua Flores Mogollón, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 14.880, 72.026, 101.795, 101.791, 101.792 y 109.941, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil "DISTRIBUIDORES UNIDOS, C.A.", inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Estado Bolívar, en fecha 25 de mayo de 1998, bajo el N° 67, Tomo 40, contra las actuaciones atribuidas a la ciudadana LILIAN ROSALES C., en su carácter de SUPERINTENDENTE ADJUNTA y DIRECTORA DE LA SALA DE SUSTANCIACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA), materializadas mediante los autos dictados por dicha funcionaria en fechas 16 y 17 de agosto de 2005. INADMISIBLE la acción de amparo con.....