Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Gloria Collazo inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 53.386 en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Orlando Jose Roa, contra la sentencia del 8 de diciembre de 2011 mediante la cual declaro Con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Tahidee Coromoto Guevara Guevara, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA VIALPA S.A., contra la Providencia Administrativa Nº 256-2009 de fecha 6 de abril de 2009, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO "JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ TENORIO" CON SEDE EN GUATIRE, ESTADO MIRANDA, que declaró Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano Orlando José Roa. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo proferido por el Juzgado Superior.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, esta Corte ORDENA notificar tanto a la ciudadana Isabel Teresa Castro de González, como al Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital y al Síndico Procurador de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho siguientes, contados a partir de la fecha que conste en el expediente el recibo de las notificaciones ordenadas en el presente auto, se de cumplimiento a lo ordenado.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Eddy Peña, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 25.244, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano AGUSTÍN ASCANIO SARRAMERA, contra el auto proferido en fecha 17 de marzo de 2003, dictado por el Juzgado Superior Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central mediante el cual declaró "DESISTIDO EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD" contra los actos administrativos contenidos en los acuerdos aprobados por sesión ordinaria de la CÁMARA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO ZAMORA DEL ESTADO ARAGUA, celebrados los días 14 de agosto y 06 de noviembre de 2001. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME el auto de fecha 17 de marzo de 2003, dictado por el Juzgado Superior Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central.

Se dicto decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de agosto de 2010 por el abogado Edinson Vanegas, antes identificado, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Junín del estado Táchira, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, en fecha 6 de julio de 2010, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado.2. CON LUGAR el recurso de apelación ejercido.3. Se ANULA la decisión proferida en fecha 6 de julio de 2010 por el referido Juzgado.4. Conociendo el fondo se declara SIN LUGAR el recurso incoado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 1º de junio de 2011, por el abogado Mauro Rangel Oviol, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana YAMILY DEL VALLE LEÓN LÓPEZ, contra el fallo dictado en fecha 25 de mayo de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante el cual declaró sin lugar el recurso interpuesto contra el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, actualmente MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE TERRESTRE. 2. DESISTIDA la apelación interpuesta. 3. FIRME el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 25 de mayo de 2011.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Tomás Mariano Adrián Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 19.503, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil VENEVALORES CASA DE BOLSA, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 23 de abril de 2007, bajo en Nº 68, Tomo 1558-A; contra el acto administrativo contenido en la Resolución Número 024 de fecha 9 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.556 de fecha 19 de noviembre de 2010, emanada de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES, que resolvió Liquidar a la aludida Casa de Bolsa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Simón Ramos Sánchez, antes identificado, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ALBERTO BARRETO RODRIGUEZ, antes identificado en fecha 27 de agosto de 2003, contra el fallo dictado en fecha 12 de mayo de 2003, por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesta por el ciudadano Alberto Barreto Rodríguez. 2. DESISTIDA la apelación interpuesta. 3. FIRME el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital de la Región Sur en fecha 12 de mayo de 2003.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer la apelación interpuesta por el abogado Carlos Ricardo Rojas Contreras, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 38.876, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos JOSÉ ALFREDO ORTEGA y LUIS EDUARDO PÉREZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 15.462.366 y 16.127.766, respectivamente, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 005/2011, de fecha 13 de diciembre de 2011, dictada por la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DEL ESTADO BARINAS. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta; 3.- CONFIRMA, en los términos expuesto, el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 14 de mayo de 2012, el cual declaró improcedente el amparo cautelar interpuesto.