Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Juzgado de Sustanciación admitió la reforma de la demanda por ejecución de fianza de anticipo interpuesta conjuntamente con medida preventiva de embargo por el apoderado judicial del estado Bolívar, contra la sociedad mercantil Hispana de Seguros, C.A.; ordenó emplazar a la referida sociedad mercantil y notificar al PGR; Se dejó establecido que la audiencia preliminar se fijará una vez consten en autos la citación y notificación ordenadas y transcurridos los 90 días a que alude el art. 96 de la LOPGR; Se ordenó remitir copias certificadas de las actuaciones relacionadas con la reforma de la demanda y de la presente decisión a la CSCA, a los fines quesean agregadas al cuaderno separado signado con el Nº AW42-X-2012-000003, en el cual se tramita la medida cautelar solicitada.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la solicitud formulada en fecha 24 de febrero de 2012, por la abogada Nelly Herrera Bond, actuando con el carácter de apoderada judicial de las sociedades mercantiles Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. y Globovisión Tele, C.A. y del ciudadano Guillermo Zuloaga Núñez.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación admitió el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Pepsi-Cola de Venezuela, C.A., contra el acto administrativo Nº PRE-VACD-GISE-021911, de fecha 12 de julio de 2011, emanado de la Comosión de Administración de Divisas, (CADIVI).

Auto mediante el cual se providenció el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana Marisa Cristiano Cianci, en su carácter de Gerente Administrativo de la Sociedad Mercantil Import Táchira, C.A., Asistida por la abogada Marisela Rondón Parada, contra de la Resolución N° PRE-VPAI-CJ-008949 de fecha 13 de mayo de 2011, dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual contiene la decisión denegatoria de la revisión interpuesta en contra de las negativas de las Autorizaciones de Adquisición de Divisas (AAD) de las solicitudes N° 9872558, 9871949, 9871903, 9871842, 9871775, 9871727, 9870895, 9870718 y 9871600, las cuales corresponden a la materia de importaciones.

Auto mediante el cual se providenció el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Damaris Velásquez Sandrea, actuando en condición de apoderada judicial del ciudadano Andrés Eloy Matos Tovar, contra de las Providencias Administrativas N° PRE-VEGO-GCP-009185 y PRE-VPAI-CJ-026344 de fechas 30 de mayo y 10 de agosto de 2011, respectivamente, dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), mediante las cuales se suspendió preventivamente al demandante del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD).

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de solicitud de ejecución de fianza de anticipo y fianza de fiel cumplimiento interpuesta por el PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ZULIA, contra la sociedad mercantil TRANSEGURO C.A. DE SEGUROS; y en consecuencia: 1.- PROCEDENTE la ejecución del contrato de fianza de anticipo, por el monto de (Bs. F. 876.988.49)". 2.- PROCEDENTE la solicitud del pago de los intereses moratorios sobre la cantidad afianzada ut supra. 4.- IMPROCEDENTE, las indemnizaciones devenidas de la fianza de fiel cumplimento de contrato, y los intereses moratorios solicitados por la parte demandante en su escrito libelar con ocasión a dicha garantía.

LA CORTE declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 11 de agosto de 2009, por los abogados Carlos Alberto Pérez, Rosa Linda Cárdenas Martínez, y Walkiria Rengifo, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MILAGROS JOSEFINA GARCÍA GONZÁLEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 18 de octubre de 2011, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte querellada. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

LA CORTE declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de los recursos de apelación interpuestos por los apoderados judiciales de las partes, ambas contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 4 de noviembre de 2010, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial contra el INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS. 2.- INADMISIBLE el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte querellada. 3.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte querellante. 4.- REVOCA PARCIALMENTE la sentencia apelada, con respecto al análisis desplegado sobre el acto de retiro. 5.- SE ORDENA al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca realizar las correspondientes Gestiones Reubicatorias. 6.- SE CONFIRMA el resto del fallo.

LA CORTE declaró: ACEPTÓ LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada; ORDENÓ remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación; ORDENÓ al Juzgado de Sustanciación abrir cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida de embargo preventivo solicitada; ORDENÓ al Juzgado de Sustanciación efectuar las notificaciones necesarias a las partes.

LA CORTE Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la ciudadana MARY COROMOTO RODRIGUEZ GARCÍA, contra la Resolución Nº 007, de fecha 9 de diciembre del año 2004, suscrita por el Auditor Interno del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.