Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1) ACEPTÓ LA FIANZA JUDICIAL consignada por el abogado Edgard Rodríguez Fernández, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad la sociedad mercantil Hispana de Seguros C.A., Nº 3001080-10752, emanada de la sociedad mercantil Proseguros S.A. 2) LEVANTÓ la medida preventiva de embargo decretada por esta Corte en fecha 7 de febrero de 2012, mediante sentencia Nº 2012-0104 sobre los bienes de la sociedad mercantil HISPANA DE SEGUROS C.A. 3) ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de abrir el cuaderno separado para el trámite de la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada el 28 de julio de 2012, por el abogado José Nicolás Tirado, actuando con el carácter de sustituto del Procurador General del Estado Bolívar. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por los abogados RICARDO GABALDÓN y MARÍA ALEJANDRA PICOT RANGEL, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del organismo recurrido, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 25 de marzo de 2008, mediante la cual declaró CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ERASMO MORENO MORAZZANI, titular de la cédula de identidad Nº 6.960.266, asistido por el abogado FRANCISCO LEPORE, contra el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE). 2.- CON LUGAR la apelación ejercida. 3.- REVOCA el fallo apelado, en consecuencia se declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Verifica este Órgano Jurisdiccional que el conocimiento de las demandas interpuestas por la Procuraduría General de la República, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Educación, no se encuentra atribuido expresamente en la Ley a otro Tribunal, por lo que esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo resulta el Tribunal COMPETENTE en primera instancia para conocer de la presente causa, por tanto, ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada en fecha 26 de abril de 2012 por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. Así se decide.

esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha el 4 de mayo de 2012, por la abogada Dayanna Navarrete, actuando con el carácter de apoderada sustituta de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 18 de abril de 2012, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ELVIS JOSÉ JURADO JUSTO contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA el fallo apelado. Conociendo del fondo del asunto, declara: 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida por el ciudadano Oliverio Acosta Cedeño, actuando con el carácter de Presidente del Consejo Legislativo del Estado Amazonas, asistido por el abogado Alberto Valdez Salas, contra la sentencia de fecha 15 de julio de 2003, dictada por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, mediante la cual declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por la ciudadana ZENAIDA GARCÍA titular de la cédula de identidad Nº 13.714.139, asistida por los abogados Fredys Ramón Esqueda Betancourt y Luis Rodolfo Machado 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación. 3.- CONFIRMA en los terminos expuestos en la motiva del presente fallo.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos realizada por los Abogados Antonio Canova González, Luis Alfonso Herrera Orellana, Giancarlos Selvaggio Belmonte y Giuseppe Axer Graterol Stefanelli, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 45.088, 97.685, 145.498 y 182.069, respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANCRECER, S.A. BANCO MICROFINANCIERO, contra la Resolución número 079-12, de fecha 24 de mayo de 2012, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO.

Esta Corte ORDENÓ notificar a la ciudadana Procuradora General de la República y los ciudadanos Síndico Procurador y Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas de la presente causa, la cual se suspenderá por un lapso de treinta (30) días continuos, una vez conste en autos dicha notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Durante el referido lapso de treinta (30) días continuos la ciudadana Procuradora General de la República, o quien actúe en su nombre, deberá manifestar la ratificación de la suspensión o su renuncia respecto del lapso restante, siendo que una vez se tenga por notificada, la presente causa continuará su curso legal.

Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria de la sentencia Nº 2012-0541 dictada por esta Corte en fecha 29 de marzo de 2012, formulada el 12 de abril de 2012, por la abogada Alexandra Álvarez Medina, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 55.264, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil BANCO PROVINCIAL S.A., BANCO UNIVERSAL. 2.- PROCEDENTE la solicitud de corrección por omisión formulada por la abogada Alexandra Álvarez, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, de la sentencia Nº 2012-0541, dictada por este Órgano Colegiado el día 29 de marzo de 2012.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: - La reanudación de la presente causa al estado de que se dé inicio al lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, de conformidad con el procedimiento de segunda instancia contemplado en el artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previa notificación de las partes, en el entendido que una vez conste en actas la última de las notificaciones ordenadas, mediante auto expreso y separado se fijará el lapso de cinco (5) días de despacho más el termino de la distancia a que haya lugar, para que la contraparte de contestación a la fundamentación de la apelación y consigne las pruebas documentales que tenga a bien hacer valer.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2.-SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Enrique Pérez Bermúdez, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano MARIO JUVENAL ZORRILLA LORAN, en consecuencia; 3.- CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 27 de septiembre de 2011, mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Asimismo, se ordenó notificar a las partes y remitir el expediente altribunal de origen.-