LA CORTE DECLARÓ DESISTIDA la apelación ejercida contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 27 de febrero de 2004, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la prenombrada ciudadana, contra los actos administrativos Nros. 294.000-355 y 294.000-617 de fechas 20 de mayo y 23 de junio de 2003, respectivamente, dictados por el ciudadano Jesús Manuel Arismendi R., en su condición de Gerente General de Recursos Humanos del prenombrado Instituto mediante se le destituye del cargo de Gerente General. En consecuencia, se declara FIRME el fallo del a quo.

LA CORTE OBSERVÓ La apelación sometida al conocimiento de esta Alzada se circunscribe a la impugnación del auto de fecha 29 de julio de 2003, mediante el cual el a quo negó la solicitud realizada por el representante judicial del ente accionado de que no se procediera por la vía del Tribunal de Ejecución de Medidas para dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia dictada por el a quo en fecha 20 de noviembre de 2000 y confirmada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 25 de octubre de 2001, toda vez que el Instituto accionado había cumplido parcialmente con ello al haberle pagado a la querellante parte del dinero que le adeudaban por concepto de prestaciones sociales.Por otra parte, observa este Órgano Jurisdiccional que de los elementos que cursan en autos se desprende que lo pretendido por la parte actora -beneficiada por la sentencia en ejecución- es el pago de cantidades de dinero que, según se desprende del expediente- son adeudadas por concepto de prest.....

LA CORTE SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acta de transacción celebrada ante la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO MÉRIDA entre el prenombrado ciudadano y la representación judicial de la Universidad de los Andes.ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que decida cual es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

LA CORTE DECLARA SU COMPETENCIA para conocer y decidir el recurso de hecho, mediante el cual negó la apelación ejercida contra la sentencia dictada el 10 de febrero de 2005 por el mencionado Juzgado Superior, que declaró inadmisible la querella funcionarial interpuesta por la querellante antes identificada, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DE FINANZAS;ORDENA la remisión inmediata de las actas del presente expediente al Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con el objeto de que tramite el recurso de hecho interpuesto en la presente causa en estricta observancia a los apartes 23, 24, 25 y 26 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela; EXHORTA al Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital para que en casos sucesivos aplique las previsiones contenidas en los apartes 23, 24, 25 y 26 del artículo 19 de la Ley Orgánica.....

LA CORTE SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con medida de amparo cautelar interpuesta, contra el acto administrativo contenido en el auto que acordó el registro del Sindicato Profesional de Trabajadores Marinos y afines de la empresa CANNAVO, S.A. (SIPTRAMARECA) de fecha 23 de junio de 2004, y de la boleta de Inscripción del mismo Sindicato, emitidos en la misma fecha, ambos dictados por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Sucre. ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que decida cual es el órgano jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

LA CORTE DECLARA DESISTIDO el recurso de apelación ejercido por el abogado Carlos Alberto Pérez, en su condición de apoderado judicial del ciudadano Giovanni Escalona -parte actora- contra la decisión dictada el 9 de febrero de 2004, por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.FIRME la sentencia apelada.

LA CORTE declara CON LUGAR la inhibición presentada por la Jueza Presidenta María Enma León Montesinos en fecha 2 de agosto de 2005 de conformidad con lo previsto en el ordinal 12° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

LA CORTE declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido contra la decisión de fecha 13 de mayo de 2004, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital mediante la cual declaró INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano, contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 066 de fecha 26 de marzo de 2001, suscrita por el ciudadano HENRY VIVAS HERNÁNDEZ en su condición de Comisario General de la POLICÍA METROPOLITANA.

LA CORTE Se declara COMPETENTE para conocer de la pretensión de amparo constitucional, interpuesta contra el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. ADMITE, la pretensión de amparo constitucional ejercida por el ciudadano Ramón Humberto Hernández Camacho, en su condición de Procurador General del Estado Trujillo, plenamente identificado al inicio. Se ORDENA notificar al Procurador General del Estado Trujillo parte accionante, a los fines que comparezca en el término de noventa y seis (96) horas, siguientes a que conste en autos la última de las notificaciones aquí ordenadas, con la advertencia que la falta de comparecencia a la audiencia constitucional acarreará la terminación del procedimiento. Se ORDENA notificar al Juez a cargo del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, parte accionada, a los fines que comparezca en el término de noventa y seis (96) horas, contadas a partir de la prá.....

LA CORTE ORDENA CONVOCAR al Dr. Rodolfo Antonio Luzardo Baptista, en su carácter de Primer Juez Suplente de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de julio de 2004 y, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Líbrese Oficio.