En esta misma fecha, este Juzgado de Sustanciación dictó Resolución pronunciándose sobre la admisibilidad de la presente demanda.

En fecha 4 de agosto de 2016, este Juzgado de Sustanciación dictó decisión mediante la cual declaró competente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer la demanda de nulidad ejercida por los abogados Pedro Rengel Nuñez y Karla Peña García, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 20.433 y 123.501, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Avon Cosmetics de Venezuela, C.A., contra el acto administrativo contentivo de la negativa de adquisición de divisas de las solicitudes identificadas con los Nros. 17685085 y 17603630 de fechas 31 de agosto y 7 de septiembre de 2015, ejerciéndose recurso de reconsideración en fechas 21 y 25 de de septiembre de 2015, dictados por CENCOEX, ordenó notificar a la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República, parte demandante y demandada y solicitar los antecedentes administrativos del caso.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó decisión mediante la cual declaró: PROCEDENTE la solicitud de la suspensión de la causa peticionada por los abogados Leonor Canelo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 108.388, apoderada judicial de la CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC), y Diego Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°128.913, apoderado judicial del COMPLEJO SIDERÚRGICO DE GUAYANA, C.A., respecto de la demanda de ejecución de fianza incoada en contra el referido Complejo. En ese sentido, se ACORDÓ la suspensión de la misma por un lapso de 90 días continuos.

Se dictó auto para mejor proveer mediante el cual esta Corte: estima necesario solicitar tanto a la ciudadana Johana Rivero Lisboa, antes identificada, como a la Universidad de Oriente (UDO), e igualmente, a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo (sector público) del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, para que en un lapso de diez (10) días de despacho mas cinco (5) días continuos como término de la distancia, contados a partir de que conste en autos sus respectivas notificaciones, consignen documento o información relativa a la validez o no de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte:1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación, interpuesto por el abogado Marcos Goitia, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 75.239, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano WILMER ORLANDO GAVIDIA, titular de la cédula de identidad Nº 15.145.094, contra el auto de fecha12 de febrero de 2016, dictado por Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas. 2. CON LUGAR, la apelación interpuesta 3. ANULA el auto de fecha12 de febrero de 2016, dictado por Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas. 4. REVOCA la sentencia interlocutoria de fecha 06 de mayo de 2015. 5. REPONE la causa al estado de librar nuevo mandamiento de ejecución forzosa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- CON LUGAR la demanda por abstención o carencia interpuesta por el ciudadano RICCARDO FORGIONE FULCOLI, contra el SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), adscrito al entonces Ministerio del Poder Popular para el Comercio (hoy Ministerio del Poder Popular de Industria), en consecuencia, 2.- Se le ORDENÓ al SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), dar respuesta a la solicitud formulada por la demandante, en relación al conflicto de marca surgido entre su mandante y la empresa OVOMAR C.A. en relación a las marcas OVOMAR y OVOMARCITO.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.-Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de diciembre de 2015, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 3 de diciembre de 2015, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Jairo Cañizalez Freites, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ MAURICIO AZUAJE contra la ALCADÍA DEL MUNICIPIO AMBROSIO PLAZA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3.- FIRME el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: estima necesario solicitar tanto a la ciudadana América Elena Ortiz Peñalver, antes identificada, como a la Universidad de Oriente (UDO), e igualmente, a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo (sector público) del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, para que en un lapso de diez (10) días de despacho mas cinco (5) días continuos como término de la distancia, contados a partir de que conste en autos sus respectivas notificaciones, consignen documento o información relativa a la validez o no de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por el abogado Marco Antonio Aponte, actuando como apoderado judicial del ciudadano EDGAR ORESTES PALOMARES HERNÁNDEZ, ya identificados, contra la providencia administrativa Nro. 15 de fecha 11 de marzo de 2008, emanada del INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES).

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.-Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 24 de febrero de 2015, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Alfonso Martín Buiza, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana IXQUIC CHIQUINQUIRA LUISIANA SANZ MELÉNDEZ, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO ZAMORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3.- FIRME el fallo apelado.