Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: delaró 1.- CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Solicitud de Amparo Cautelar y Subsidiariamente Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, contra la Resolución sin número de fecha 24 de octubre de 2007, emanada del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), mediante el cual, el referido organismo, declaró sin lugar el recurso jerárquico, confirmando así la decisión según la cual dicho Instituto sancionó a la sociedad mercantil recurrente con multa de Mil Unidades Tributarias (1000 U.T.). 2.- SE ANULA la Resolución sin número de fecha 24 de octubre de 2007, emanada del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS). Se ordenó notificar a las partes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Gustavo Adolfo Martínez, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano SALVADOR RON ROJAS, antes identificados, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 22 de octubre de 2007, que declaró improcedente la Medida Cautelar solicitada. 2.- ORDENA la acumulación del presente expediente, al asunto AP42-N-2012-000062, nomenclatura de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en consecuencia el cierre informático del expediente signado con el número AP42-R-2008-000258.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de enero de 2013, por la abogada Morela Torrealba, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano LUIS AUGUSTO GASCUE, titular de la cédula de identidad número 332.926, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 7 de enero de 2013, mediante la cual se declaró inadmisible el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), en virtud de haber operado la caducidad de la acción; SIN LUGAR la apelación ejercida; Se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual: 1.DECRETA LA EJECUCIÓN VOLUNTARIA de la sentencia número 2011-0421 de fecha 22 de marzo de 2011 mediante el cual se declaró parcialmente con lugar la Demanda por Ejecución de Fianzas interpuesta por, el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (BCV), contra la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA GRUDIVER, S.A., en su carácter de obligada principal; y la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE, C.A., y se CONDENÓ a la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE C.A., a la cancelación de los montos afianzados mediante los contratos de fianza números. 657, 658, 659 y 660, celebrados en fecha 24 de agosto de 2000, en virtud del incumplimiento de Distribuidora Grudiver, S.A,. 2. ORDENA a la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional dar cumplimiento a la notificación . 3. ORDENA a la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, que se anexe a la referida notificación, copia certificada la sentencia número 2011-0421 de fecha 22 de marzo de 2011, así como de la presente decisión.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró:1.ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, para conocer de la demanda de Cumplimiento de Contrato conjuntamente con Medida Cautelar de Embargo, interpuesta por la sociedad mercantil C.V.G. ALUMINIO DEL CARONÍ S.A. (C.V.G. ALCASA), contra la empresa MULTINACIONAL DE SEGUROS C.A. 2.SE ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente demanda. 3.SE ORDENA, de resultar admisible la presente demanda de cumplimiento de contrato, abrir el respectivo cuaderno separado, a los fines de tramitar la Medida Cautelar de Embargo solicitada en la presente causa.

1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por la abogada Milagros Rivero Otero, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN GUERRERO, contra la sentencia de fecha 27 de marzo de 2003, dictada por Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la ASAMBLEA NACIONAL.2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto.3.- FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su INCOMPETENCIA para conocer del Recurso de Hecho interpuesto en fecha 21 de octubre de 2013, por la Sociedad Mercantil INVERSIONES INVERCON C.A., representada por el Abogado Carlos Augusto López Damiani, contra el auto dictado en fecha 10 de octubre de 2013 por la CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que oyó a un solo efecto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la referida Corte en fecha 16 de julio de 2012. 2.- DECLINA LA COMPETENCIA en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 3.- Se ORDENA a la Secretaría de esta Corte el desglose y remisión del Recurso de Hecho y de sus anexos a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró:1.- La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 19 de septiembre de 2013, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, se dé inicio al lapso de fundamentación de la apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido el 22 de julio de 2013, por la apoderada judicial de la Procuraduría General del estado Aragua, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central de fecha 28 de junio de 2013, mediante el cual declaró con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el ciudadano JONATHAN ENGELBERT SALCEDO MELÉNDEZ, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA, por cobro de prestaciones sociales. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA en los términos expuestos, en razón de la consulta de ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Que es COMPETENTE para conocer de la consulta de Ley establecida en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a la cual fue sometida la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil (Bienes) y de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 30 de julio de 2012, que declaró parcialmente con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ DE LOS SANTOS MORILLO, contra GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA, por concepto de diferencias de prestaciones sociales; 2.- Se CONFIRMA el fallo sometido a consulta de Ley, dictado por el Juzgado Superior Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.