Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de diciembre de 2011 por la abogada Alcira Gélvez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana DIANA CAROLINA VEGAS PEÑA, contra el auto de fecha 14 de diciembre de 2011 dictado por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró inadmisible las pruebas promovidas por la parte recurrente. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia: 3.- CONFIRMA el auto apelado en los términos expuestos en el presente fallo.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CORRIGE el error material involuntario cometido en la sentencia Nº 2010-01099 de fecha 3 de enero de 2010, en la cual se hizo mención al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, cuando lo correcto era referirse al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.

1.- COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de abril de 2004 por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, contra el informe proferido en fecha 20 de febrero de 2004 por el experto contable Marcos Romero Marín, en virtud de que el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, consideró que la representación del mencionado Ministerio "expuso su disconformidad en virtud de estimar que los cálculos son excesivos y si bien es cierto, no expresó que ejercía recurso ordinario de apelación, también lo es, que pretende una nueva revisión del mismo". 2.- Se ANULA el auto y todas las actuaciones violatorias del orden público procesal subsiguientes al auto de fecha 24 de mayo de 2007. 3.- Se ORDENA REPONER al estado de que se constituyan los peritos de conformidad con el contenido in fine del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto, por el abogado Jaiker Mendoza, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 27 de febrero de 2008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la querella interpuesta por el ciudadano JOEL ALEJANDRO SOSA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación. 3.- Se REVOCA la sentencia apelada. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia: 4.1.- IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad de la Resolución Nº 008791. 4.2.- PROCEDENTE el pago de las prestaciones sociales del querellante.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por las abogadas Ofelmina Lozano Vargas y Yamileth Albornoz Belmonte, contra la sentencia dictada el 29 de octubre de 2007, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte querellantey 3.- CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 29 de octubre de 2007, que declaró inadmisible la querella funcionarial interpuesta.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 8 de agosto de 2007 por el apoderado judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Sur en fecha 6 de agosto del mismo año, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ISMAEL RAMÓN SILVA MEJÍA, debidamente asistido por el abogado Alcide Urbina García, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. En consecuencia, se CONFIRMA en los términos expuestos la sentencia apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- COMPETENTE para conocer la presente acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la abogada Ana Josefina Ferrer Quintero, previamente identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ZULIA, contra la decisión de fecha 2 de marzo de 2005, dictada por el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 2.- CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta; 3.- ANULA la sentencia de fecha 2 de marzo de 2005, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. 4.- ORDENA dictar nuevamente la sentencia, para lo cual deberá ordenarse una experticia complementaria del fallo, a los fines de determinar los montos a pagar por parte de la Gobernación del estado Zulia.

1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por abogada Durbin Yubeht Rondón Duque, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana LILIBETH COROMOTO COVA MORILLO, titular de la cédula de identidad Nº 7.943.923, mediante diligencia de fecha 13 de marzo de 2012, contra fallo proferido por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL); 2.- CON LUGAR el recurso de apelación; 3.- ANULA el fallo dictado en fecha 23 de enero de 2012, emanado del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado.