Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso contencioso funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA. 2. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3. CONFIRMÓ la sentencia apelada en los términos contenidos en el presente fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 9 de junio de 2011, únicamente en lo que respecta al pase al Juez ponente, así como la nulidad de todas las actuaciones suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPUSO la causa al estado de dar inicio al lapso de promoción y evacuación de pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo en el Título IV, Capítulo I, artículo 51 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 3.- Se ordenó de manera inmediata notificar a los ciudadanos: 3.1- RACHELE DEL CARMEN PASQUA CARABALLO. 3.2- DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA. 3.3- JUEZ SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL. 3.4- PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

En el presente cuaderno de medidas contentivo del recurso de apelación interpuesto por la abogada Ana Elizabeth González Guzmán, actuando con el carácter de representante judicial de la empresa CORPORACIÓN INDUSTRIAL AMERICER C.A, contra la sentencia que dictó el Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 25 de noviembre de 2010, mediante la cual declaró improcedente el amparo cautelar interpuesto conjuntamente con la demanda de nulidad ejercida contra el acto administrativo contenido en la Providencia Nº 00197 del 10 de mayo de 2010, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, que acordó el reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana María Eugenia Rivas, titular de la cédula de identidad Nº 10.888.194; se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3.- CONFIRMÓ el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, para conocer de la solicitud de homologación de disolución de la Fundación Instituto de Estudios Corporativos Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, incoada por la abogada Helly Aguilera Chacón, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 33.390, actuando con el carácter de apoderada judicial de la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ. 2.- PLANTEÓ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a la cual se ordena remitir el presente expediente. Se ordenó remitir copia de la presente decisión al Juzgado de Origen.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación incoado por el abogado Cesar Enrique Rodríguez Urdaneta, actuando en su de sustituto del Procurador General del estado Vargas, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 25 de enero de 2007, mediante la cual declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta, por la ciudadana SAIDA JOSEFINA RODRÍGUEZ CURVELO, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO VARGAS. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte querellada. 3.- SE ANULA la sentencia apelada. 4.- Conociendo el fondo del asunto, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante el cual la Corte declaró: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano JOSÉ JAIRO CANABAL VELASCO, "con documento de ciudadanía colombiana N° 16.472.718", asistido por la abogada Mairis Sandra Balza Sole, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 88.057, contra el acto administrativo número 000134 de fecha 26 de agosto de 2004, emanado de la COMISIÓN NACIONAL PARA REFUGIADOS, mediante el cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo número 000059, el cual negó la solicitud formulada por el recurrente a los fines de que le fuese reconocida la condición de refugiado en la República Bolivariana de Venezuela.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 14 de enero de 2000, por el abogado Antonio Fermín García inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 33.561, contra la decisión dictada el 9 de septiembre de 2003, por el Juzgado Superior Segundo de transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de funcionarial interpuesto por el abogado Antonio Fermín inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 33.561 respectivamente, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Ciudadana Diana Sánchez contra el acto administrativo de remoción Nº 272 de fecha 31º de mayo de 1999, emanado del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI); 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: DESISTIDA la demanda por diferencia de prestaciones sociales interpuesto por los abogados Ceila Contreras Hernández, César Maldonado Rodríguez y José Contreras Sánchez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana GLADYS AMADOR DE ESCALONA, venezolana, mayor de edad, y titular de cédula de identidad Nº 2.112.733, contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (UPEL).