Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar por las abogadas María Luisa Pérez Machin, Ysabel Carrera Machado y Wilerma Coromoto Nuñez Urdaneta, actuando en nombre y representación de la sociedad mercantil C.N.A. DE SEGUROS LA PREVISORA, inscrita ante el Registro de Comercio de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, el 23 de marzo de 1914, bajo el N° 296, Tomo 2, contra el acto administrativo contenido en el Oficio N° 2-3-001296 dictado el 4 de noviembre de 2005, por la SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (SUDEASEG), mediante el cual se le impuso sanción multa a la referida empresa.

1.- COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Isnard Rafael Torres, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 137.041, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrida, contra la sentencia de fecha 6 de octubre de 2011, dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JAIME ALEXANDER REYES titular de la cédula de identidad Nº 7.494.25, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO FALCÓN. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- REVOCA la sentencia apelada. Suposición 4.- Conociendo del fondo del presenta asunto, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 3 de abril de 2012, por el abogado Luis Bermúdez Rada, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 056, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano VÍCTOR RAMÓN FIGUEREDO SALVATIERRA, titular de la cédula de identidad Nº 8.131.407, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 29 de marzo de 2012, que declaró inadmisible por caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). 2. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA la sentencia apelada en los términos expuestos en la presente decisión.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 31 de mayo de 2006, por los abogados Gerardo Fernández y Rafael Chavero, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal., contra la Resolución Nº 236.06 de fecha 18 de abril de 2006, dictada por la Superintendencia de bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de Reconsideración interpuesto por el Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal contra la Resolución SBIF-DSB-GGCJ-GLO-02775 de fecha 17 de febrero de 2006. 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso de nulidad interpuesto.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación intentado por el abogado, Nelson López, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PUERTOS DE SUCRE, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Contencioso Administrativo del Estado Sucre en fecha 1º de marzo de 2010, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional intentada por la ciudadana EVELYN MARÍA MOZAIKH; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 2 de marzo de 2012 por la apoderada judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Falcón en fecha 28 de febrero de 2012, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Sobeidy Sangronis Ojeda, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano VÍCTOR CLEMENTE ZAMBRANO ALVIAREZ, contra la POLICÍA MUNICIPAL DEL ESTADO FALCÓN. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. En consecuencia, queda FIRME la sentencia apelada.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la inhibición formulada por la abogada Virginia Teresita Vásquez González, actuando en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana ANA LOURDES DELGADO DE RODRÍGUEZ, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. 2.- CON LUGAR la inhibición planteada. 3.- SE ORDENA notificar de la presente decisión a la Jueza inhibida dentro de las 24 horas siguientes a su publicación de conformidad con lo sentado en su parte motiva.

En el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Elizabeth Sánchez inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 18.535, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos NELSON SÁNCHEZ y ODIN FLORES, titulares de las cédulas de identidad Nº 3.311.831 y 3.593.868, respectivamente, contra la OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, hoy día MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; esta Corte ORDENÓ notificar a las partes a los fines que tengan conocimiento del abocamiento recaído en fecha 26 de marzo de 2012, y a los recurrentes, para que comparezcan en un lapso de diez (10) días de despacho, contados una vez conste en actas sus notificaciones, a los fines que manifiesten su voluntad de continuar con la presente causa.

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- Que ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la presente demanda por cumplimiento de contrato de obra, interpuesta por la abogada Glenis Beatriz Fuenmayor Villalobos, inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el Nº 84.312, actuando con el carácter de apoderada judicial de la FUNDACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTUTRA DE LA PLANTA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO ZULIA (FUNDAEDUCA), contra las sociedades mercantiles INVERSIONES TIBISAY, C.A. (INVERTICA), y SEGUROS CORPORATIVOS, C.A., plenamente identificadas en el encabezado del presente fallo. 2.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que examine los requisitos de admisibilidad de la demanda interpuesta, salvo la relativa a la competencia.

Esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo por abstención o carencia, interpuesto por el ciudadano JOSÉ TOMÁS BARRETO, actuando debidamente asistido por el abogado Aníbal José Belisario Rodríguez, contra la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE COLEO (FEVECO), pues presuntamente "[¿] no ha recibido ningún tipo de respuesta [¿]" a la apelación prevista en el artículo 63 literal c) del Reglamento de Coleo de la Federación Venezolana de Coleo; 2.- ADMITE el referido recurso. 3.- ORDENA citar al ciudadano Presidente del Instituto Federación Venezolana de Coleo, requiriéndole que informe en un lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir de que conste en autos su citación, sobre la presunta abstención denunciada por el demandante en el presente procedimiento.