Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, ordena oficiar al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia que se deje en autos de su notificación, de cumplimiento a lo ordenado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil CERVECERÍA POLAR, C.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 23 de julio de 2012, mediante la cual declaró inadmisible por haber operado la caducidad en la "demanda de nulidad parcial" contra "(¿) la AUTORIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE DIVISAS (´ALD´) número 2239278 (...)", emitida por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI). (Mayúsculas, negrillas y subrayado del original). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, se CONFIRMA la decisión de fecha 23 de julio de 2012, dictada por el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional mediante la cual se declaró inadmisible la referida "demanda de nulidad parcial" ejercida.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: - La reanudación de la presente causa al estado de que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia contemplado en el artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; previa notificación de las partes en el entendido que una vez conste en actas la última de las notificaciones ordenadas, mediante auto expreso y separado se fijará el lapso de 10 días de despacho más el termino de la distancia que haya lugar, para que la parte apelante presente por escrito las razones de hecho y de derecho en las que fundamente su recurso, así como las pruebas documentales que tenga a bien hacer valer, y ordena notificarles del contenido del auto de abocamiento recaído en fecha 23 de enero de 2007.

Con base en lo expuesto y efectuado el análisis del contenido del auto apelado, esta Corte estima que tal pronunciamiento dictado el día 7 de junio de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró que los escritos contentivos de las nuevas querellas funcionariales "no encuadran dentro de las disposiciones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública [¿]" consignadas por la abogada Lisbeth González, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte actora, no vulnera normas de orden público ni se encuentra en contradicción con los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal virtud, esta Corte declara DESISTIDO el presente recurso de apelación y, en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Jesús Cristóbal Rangel Rachadell, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARÍA ALARCÓN DE BARRERA, ambos identificados en el encabezado del presente fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de febrero de 2003, que declaró la caducidad de la querella funcionarial interpuesta por la referida ciudadana, contra la República Bolivariana de Venezuela por Órgano de la ASAMBLEA NACIONAL. 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta 3.- FIRME el fallo apelado.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 31 de octubre de 2007, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del inicio del lapso para fundamentar la apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 12 de junio de 2012, por el abogado Gonzalo Pérez,actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Jacqueline Gutiérrez y José Luis Viloria, actuando con el carácter de Directores de la sociedad mercantil GRUPO ARNAK, C.A, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 16 de mayo de 2012, mediante la cual declaró improcedente la medida cautelar solicitada contra el SERVICIO AUTÓNOMO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEMAT) DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO BOLIBOLIVARIANO DE MIRANDA. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara:1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el 30 de mayo de 2011 por la abogada Milagro Mariana Andrade Patiño, en su condición de representante judicial de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Falcón, el 22 de febrero de 2011, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ELIMAR DEL CARMEN LUGO MANAURE, contra el Acto Administrativo dictado el 8 de enero de 2008, por el Juez Rector Encargado de las Funciones Administrativas del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón.2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- SIN LUGAR el recurso administrativo funcionarial incoado.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CORRIGE el error material involuntario cometido en la sentencia Nº 2011-1877 de fecha 5 de diciembre de 2011, dictada por este Órgano Jurisdiccional, en la cual se hizo mención que el procedimiento que debía seguir el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, era el contemplado en el artículo 99 y siguientes de la Ley del Estatuto de la Función Pública, cuando lo correcto era referirse al procedimiento previsto en el artículo 76 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por consiguiente, resulta claro para esta Corte que el pago realizado por la sociedad mercantil demandada, satisface los pedimentos de la parte demandante, y en virtud de ello, se produjo el decaimiento del objeto de la presente demanda de contenido patrimonial; en tal sentido, resulta inoficioso para este Órgano Jurisdiccional, emitir cualquier tipo de pronunciamiento con respecto al recurso de apelación ejercido contra la decisión dictada el 14 de febrero de 2012, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, toda vez que el demandante obtuvo el pago requerido durante la suspensión de la presente causa, cumpliéndose de esta manera con los requisitos indispensables para producir el decaimiento del objeto, en consecuencia la apelación ejercida perdió su fin.