LA CORTE DECLARÓ SU INCOMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos contra la Providencia Administrativa Nº 85 de fecha 31 de octubre de 2002, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO VARGAS, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano JUAN CARLOS GONZÁLEZ, contra la referida sociedad mercantil. En consecuencia, SE ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior (Distribuidor) en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines legales consiguientes

LA CORTE Se declara INCOMPETENTE sobrevenidamente para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por el ciudadano Gilmer Rodríguez Moreno, actuando con el carácter de vice-presidente de la sociedad mercantil Constructora Hermanos Furlanetto, C.A., contra la Providencia Administrativa N° 179 dictada en fecha 28 de diciembre de 2000, por la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas. ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado.

LA CORTE SE DECLARÓ INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional contra la Providencia Administrativa N° 139-2002, de fecha 18 de noviembre de 2002, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de calificación de despido, incoada por la Asociación Civil Ince Portuguesa, debidamente inscrita por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Guanare del Estado Portuguesa, en fecha 4 de diciembre de 1990, bajo el N° 49, Protocolo 1°, Tomo N° 4. DECLINA la competencia para conocer de la presente causa en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

LA CORTE DECLARÓ CON LUGAR la apelación interpuesta contra el fallo de fecha 7 de octubre de 2004, dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró inadmisible el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo constitucional. En consecuencia se revoca dicho fallo y se ordena al Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, revisar otras causales de inadmisibilidad.

Por lo tanto, Lla corte declara procedente la solicitud de ejecución voluntaria de la sentencia antes mencionada y, en consecuencia, exhorta a la Procuradora General de la República que realice los trámites correspondientes de conformidad con lo previsto en el artículo 85 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

LA CORTE NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 5 de junio de 2003 para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por los abogados Emilio Pittier Octavio, Blas Rivero, Roshermari Vargas Trejo y Jorge Kiriakidis Longhi, actuando como apoderados judiciales de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), contra la Providencia Administrativa N° 108-01 de fecha 8 de mayo de 2001, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Libertador del Distrito Capital. ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado.

LA CORTE NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior Séptimo de Primara Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 18 de abril de 2002, para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el abogado Jesús Brusco Villaroel, identificado al inicio en su carácter apoderada judicial del Municipio Sucre del Estado Miranda contra la Providencia Administrativa N° 06-93, de fecha 4 de diciembre de 1995 emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado.

LA CORTE Se declara COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por los abogados Luis Fraga Pittaluga, Salvador Sánchez González y Mónica Viloria Méndez, inscritos en el Inpreabogado bajo los números. 31.792, 44.050 y 73.344, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORP BANCA, C.A. BANCO UNIVERSAL, contra las Resoluciones números 207.05, 213.05 y 217.05 dictadas por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (en lo sucesivo SUDEBAN).ADMITE el recurso de nulidad interpuesto.Declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos realizada por la sociedad mercantil recurrente con fundamento en el aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela..- ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a fin de que continúe su curso de Ley.

LA CORTE Se declara COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, ADMITE el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.Declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos realizada , ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a fin de que continúe su curso de Ley, el cual deberá notificar a las partes intervinientes en sede administrativa.

LA CORTE DECLARÓ SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contentivo administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional por los ciudadanos WILMER MENDOZA e IVAN OVIEDO, en su condición de miembro y delegado, respectivamente, de la JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS, COMERCIO, INDUSTRIA, CONEXOS Y SUS SIMILARES DEL ESTADO LARA (SINTRACOINSER-LARA), asistidos por el abogado Ramón García, contra el auto N° 373 dictado en fecha 24 de septiembre de 2002 por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, que declaró sin lugar la solicitud de depósito legal de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre la sociedad mercantil MECARVEN, C.A., cuyos datos de registro no constan a los autos, y el Sindicato antes identificado;ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para.....