Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: estima conveniente solicitar, mediante auto para mejor proveer, a la Alcaldía del Municipio Mejías del estado Sucre, el expediente administrativo del ciudadano Bismar José Yzazy, titular de la cédula de identidad Nº 8.433.839, así como cualquier documento mediante el cual se desprenda la relación jurídica que existió entre el referido ciudadano y ese Ente. Asimismo, se le solicita al citado ciudadano consigne por ante este Órgano Jurisdiccional, cualquier documentación que acredite las condiciones de servicio que mantuvo con la referida Alcaldía, para lo cual se fija un lapso perentorio de diez (10) días de despacho más cinco (5) días continuos como termino de la distancia -contados a partir que conste en autos el recibo de las notificaciones que se ordenan librar.

La Corte dictó decisión mediante la cual declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el ciudadano FELIX ASCANIO PEÑA, asistido por el abogado José Alberto León, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 183.688, contra los Actos Administrativos contentivos de la Evaluación de Incapacidad Residual (Forma 14-08), de fecha 9 de febrero de 2015, emanada de la Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y del Dictamen Nº DNR-CN-1545-15-PB, de fecha 5 de febrero de 2015, emanado de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD RESIDUAL, DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES.

Se dicto decision mediante la cual esta Corte se declaro: COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido el 8/12/2006 por GIPSON OLIVEROS asistido por el abog. Bladimir Vivenes contra la decisión del Juzg. Sup. 1ero. en lo Civil, Merc., del Tránsito, y Conten. Admin. del edo. Bolívar del día 1/12/2006, que declaró sin lugar la querella interpuesta contra el INST. NAC. DE CANALIZACIONES; CON LUGAR la apelación ejercida, ANULA la decisión dictada, PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso ejercido en consecuencia: Improcedente la pretensión de nulidad de la Prov. Adminis. de destitución, reincorporación, pago de sueldos dejados de percibir y demás conceptos laborales, Procedente el pago de las prestaciones sociales requeridas como pretensión subsidiaria; Ordena al INC el pago de tal concepto para lo cual el Trib. de la causa deberá efectuar una experticia complementaria del fallo con la finalidad de determinar el monto que se le adeuda al accionante.

La Corte dictó auto mediante el cual instó a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), para que, en un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos su respectiva notificación, consigne en original o en copia certificada el certificado electrónico de la declaración jurada de patrimonio de egreso o cese de funciones presentada por el ciudadano Juan Alberto Contreras, con su debido acuse de recibo.

La Corte se declaró: COMPETENTE para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar; ADMITE provisionalmente la referida demanda; IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado; y ORDENA remitir al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie sobre la caducidad de la demanda de nulidad interpuesta para así otorgarle continuidad a la causa.

La Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por el abogado José Martín Labrador Brito, el 8 de abril de 2005, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ALONSO JOSÉ YÚSTIZ ÁLVAREZ, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 4 de abril de 2005, mediante la cual se declaró INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el precitado querellante contra el MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 4 de abril de 2005, en los términos expuestos en el presente fallo. 4.- INADMISIBLE por caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: estima conveniente solicitar, mediante auto para mejor proveer, a la Alcaldía del Municipio Mejía del estado Sucre, remita el expediente administrativo del ciudadano Ángel José Malave Sánchez, titular de la cédula de identidad Nº 8.638.077, así como cualquier otro documento mediante el cual se desprenda la relación jurídica que existió entre el referido ciudadano y esa Alcaldía. Asimismo, se le solicita al citado ciudadano consigne por ante este Órgano Jurisdiccional, cualquier documentación que acredite las condiciones de servicio que mantuvo con la referida Alcaldía, para lo cual se fija un lapso perentorio de diez (10) días de despacho más cinco (5) días continuos que se conceden como termino de la distancia -contados a partir que conste en autos el recibo de las notificaciones que se ordenan librar.

La Corte declaró: CON LUGAR la inhibición presentada por el Juez Presidente Alexis José Crespo Daza, en fecha 14 de julio de 2015 y ORDENÓ notificar a las partes así como también al Juez inhibido, dentro de las 24 horas siguientes, de conformidad con lo establecido en la decisión Nº 1.175 de fecha 23 de noviembre de 2010, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

La Corte dictó auto para mejor proveer solicitando al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, remita en un lapso de diez (10) dias de despacho, la copia certificada de la Declaración Jurada de Patrimonio con el correspondiente "recibido", de la ciudadana Lerida Elisa Ordeñez Peña, de conformidad con el artíuculo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 20 de mayo de 2015, ejercido por el representante judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción del estado Sucre el 13 de mayo de 2015; 2.- CON LUGAR la apelación ejercida; 3.- ANULA la sentencia apelada; 4.- ORDENA la remisión del presente expediente al Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, a los fines de que éste proceda a pronunciarse en primer lugar de las demás causales de inadmisibilidad, consagradas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y de ser el caso conozca sobre el fondo del asunto debatido.