Este Órgano Jurisdiccional, a los fines de dictar una decisión ajustada a derecho, estima necesario revisar el Manual Descriptivo de Cargos, Registro de Información de Cargos o cualquier otro documento que pueda describir las funciones llevadas a cabo por los trabajadores adscritos al Consejo Nacional Electoral, y visto que la referida documentación no consta en el expediente sub examine, esta Corte considera indispensable solicitar al Consejo Nacional Electoral consigne ante este Órgano Jurisdiccional el referido Manual, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En virtud de lo anterior, la referida documentación deberá ser consignada dentro del lapso de ocho (8) días de despacho siguientes a la notificación del presente auto, y visto el criterio acogido por este Órgano Jurisdiccional en la sentencia Nº 2008-00171 de fecha 8 de febrero de 2008, esta Corte considera necesario notificar a la ciudadana HI.....

La Corte declaró La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contando a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes aquí ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La Corte declaró IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por los apoderados judiciales del ciudadano NELSON J. MEZERHANE G., en su condición de accionista de la sociedad mercantil CANEY II, C.A., en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con "medida cautelar de suspensión de efectos" por los referidos abogado en contra la Resolución Nº 569.10, de fecha 16 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 39.564 de fecha 1º de diciembre de 2010, emanada de la entonces SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) (hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO), mediante la cual se ordenó "la Liquidación de la empresa CANEY II, C.A.". Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.

La Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Wilmer Tovar, actuando como apoderado judicial del ciudadano JOSÉ MIGUEL LUNA, identificados en el encabezado del presente fallo, contra la decisión dictada en fecha 8 de agosto de 2007, por el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur, mediante el cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la "CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO APURE". CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. REVOCÓ la decisión dictada en fecha 8 de agosto de 2007, por el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur. ORDENÓ al referido Juzgado, proceda a pronunciarse sobre el mérito de la presente causa.

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 5 de noviembre de 2010, por el apoderado judicial de la de la sociedad mercantil PARQUE CEMENTERIO SAN JOSÉ, C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte en fecha 1º de noviembre de 2010, que declaró improcedente el amparo cautelar requerido en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por el referido abogado, contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nro. DA/161/2010, dictado el 14 abril 2010, y su acto complementario identificado con el Nro. DA/239/2010, de fecha 17 septiembre 2010, ambos dictados por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PUERTO CABELLO DEL ESTADO CARABOBO. SIN LUGAR la apelación interpuesta. CONFIRMÓ el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

La Corte ORDENÓ NOTIFICAR al ciudadano Eugenio Rojas Agreda, para que exponga, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en autos el recibo de su notificación, si conserva interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el interés en el referido recurso. En el entendido que de no realizar dicha exposición dentro del plazo que fue fijado, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considerará la pérdida del interés en el recurso interpuesto.

La Corte declaró La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contando a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes aquí ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La Corte declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el abogado Jesús Becerra Briceño, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Frank Rondón, contra el acto administrativo sin número, de fecha 9 de agosto de 2002, emanado de la entonces Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), mediante el se ordenó la destitución del prenombrado ciudadano del referido organismo. Se ordenó la notificación.

La Corte declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por daños y perjuicios interpuesta por el abogado Rafael Alberto Latorre Cáceres,, actuando como apoderado judicial de las ciudadanas CELENIA DEL CARMEN GOITE DE TREMARIA, quien actúa también en representación de la menor de edad KATIUSKA DEL VALLE TREMARIA GOITE, y YESENIA DEL CARMEN GAMARO RENGEL, en representación de la menor de edad JESSICA NAOMI TREMARIA GAMARDO, contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE (ELEORIENTE) -hoy CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC). SE ORDENA a la demandada pagar una indemnización por la cantidad de Cien Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 100.000,oo), por concepto de daño moral y psicológico a la ciudadana Celenia Goite de Tremaria en su carácter de esposa y madre de la niña Katiuska del Valle Tremaria y la cantidad de Cien Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 100.000,oo) a la niña Jessica Naomi Tremaria Gamardo, quien es hija del ciudadano fallecido.

La Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta la ciudadana por la ciudadana GLORIA ESPERANZA SIERRA ÁLVAREZ, titular de la cédula de identidad Nº 3.748.056, asistida por el abogado Godofredo Campos Pérez , inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 74.656, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 16 de enero de 2008, la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. SIN LUGAR la apelación interpuesta. CONFIRMA la sentencia apelada.