Se dictó y publicó decisión mediante la cual, se declaró competente a la CSCA, para conocer en 1er. grado de jurisdicción la demanda de nulidad interpuesta por la apoderada judicial de la empresa GRANJA AVÍCOLA LA PONDEROSA, C.A., contra el acto administrativo contenido en la Providencia Nº 108 de fecha 18 de febrero de 2013, dictado por CADIVI, mediante la cual declaró que la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) identificada con el Nº 15057261, fue "Negada por Bienes y Servicios (ALD)"; Se admitió la demanda; se ordenó notificar a los ciudadanos FGR, PGR, Ministro de Finanzas y Presidente de CADIVI, solicitándole los antecedentes administrativos del caso y la remisión del exp. a la CSCA, una vez consten todas las notificaciones para la fijación de la Audiencia de Juicio, conforme lo previsto en el art. 82 de la LOJCA.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual, se declaró competente a la CSCA, para conocer en 1er. grado de jurisdicción la demanda de nulidad interpuesta por los apoderados judiciales de la empresa Distribuidora General Margarita Digemar C.A., contra el silencio administrativo de CADIVI, en relación al recurso de reconsideración ejercido en fecha 25/03/2013, contra el acto administrativo de fecha 12/03/2013, a través del cual se le suspendió la Solicitud de Adquisición de Divisas Nº 15071971 y el reintegro de divisas por la cantidad de US$ 88.773,00; Se admitió la demanda; se ordenó notificar a los ciudadanos FGR, PGR, Ministro de Finanzas y Presidente de CADIVI, solicitándole los antecedentes administrativos del caso, se acordó la apertura del cuaderno separado para el trámite de la medida cautelar solicitada y la remisión del exp. a la CSCA, una vez consten todas las notificaciones para la fijación de la Audiencia de Juicio, conforme lo previsto en el art. 82 de la LOJCA.

Se dictó y público la decisión mediante la cual se declaró la competencia de la CSCA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta con medida cautelar de suspensión de efectos, contra la Auditora Interna de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, se admitió y se ordenó notificar a los ciudadanos FGR, PGR, CGR, Auditora Interna de la SUDEBAN, Superintendente de la SUDEBAN, MPP Finanzas y a los ciudadanos María Fumero, Daniel Suarez, Lester Dávila y Elvis Antonio Batatín. En tal sentido, una vez cumplidas las notificaciones se procederá a librar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, el cual deberá ser publicado en el diario "Últimas Noticias", igualmente, se ordenó dar apertura al cuaderno separado para el trámite de la medida cautelar solicitada; por último, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas, se remitirá el expediente a la CSCA para que fije la celebración de la Audiencia de Juicio.-

Se dictó y público la decisión mediante la cual se declaró la competencia de la CSCA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta con medida cautelar de suspensión de efectos, contra la Auditora Interna de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, se admitió y se ordenó notificar a los ciudadanos FGR, PGR, CGR, Auditora Interna de la SUDEBAN, Superintendente de la SUDEBAN, MPP Finanzas y a los ciudadanos María Fumero, Daniel Suarez, Rito Briceño Godoy y Elvis Antonio Batatín. En tal sentido, una vez cumplidas las notificaciones se procederá a librar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, el cual deberá ser publicado en el diario "Últimas Noticias", igualmente, se ordenó dar apertura al cuaderno separado para el trámite de la medida cautelar solicitada; por último, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas, se remitirá el expediente a la CSCA para que fije la celebración de la Audiencia de Juicio.-

Se dictó sentencia mediante la cual este Juzgado de Sustanciación declaró: INADMISIBLE la demanda por cobro de bolívares interpuesta por las abogadas Eddy Rodríguez de Blanco y Rosa Elisa Febres, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 82.202 y 67.305 respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil CAMLI MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, C.A., contra la sociedad mercantil BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 35 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Con la advertencia que la parte agraviada podrá interponer nuevamente la demanda por contenido patrimonial conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó acerca del escrito de pruebas presentado en fecha 31 de julio de 2013, por la abogada Karla Peña García, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nª. 123.501, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil GALERÍAS ÁVILA CENTER S.R.L, mediante el cual se proveyó acerca del merito favorable de autos y sobre las documentales promovidas este Juzgado de Sustanciación las admite cuanto ha lugar en derecho se requiere.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó el escrito de pruebas presentado en fecha 31/07/2013 y de la oposición efectuada al referido escrito. En relación a la oposición de las documentales indicadas ´B´´C´y´D´ se desechó el argumento de la impertinencia, en relación a la impugnación en copias simples, no se tienen como fidedignas por lo que corresponderá al Juez de mérito considerar si emite pronunciamiento sobre las mismas en la definitiva. En relación a la oposición a las documentales ´E´ y ´G´, se desechó el argumento de la impertinencia. En relación al expediente administrativo se desechó el argumento de oposición efectuado por lo que corresponderá al Juez de mérito considerar si valora el exped. admón. Por otra parte, se admitieron las documentales ´A´ ´E´, ´F´ y ´G´, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró competente a la CSCA, admitió la demanda de nulidad interpuesta por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil AGROPECURÍA H. CARRILLO C.A, contra la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI); se ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Ministro del PPP las Finanzas; Procurador General de la República y Presidente de CADIVI y se le solicitó al último de los nombrados los antecedentes administrativos relacionados con la presente causa y finalmente se ordenó remitir el presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas, a fin que fije la oportunidad para la Audiencia de Juicio conforme al art. 82 LOJCA.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró competente a la Corte Segundo de lo Contencioso Administrativo, admitió la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el apoderado judicial de la parte accionante contra la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI); se ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), Ministro del Poder Popular Para las Finanzas y Procurador General de la República; y se le solicitó al referido Presidente los antecedentes administrativos relacionados con la presente causa, asimismos se ordenó la apertura de un cuaderno separado para la tramitación de la medida cautelar solicitada y finalmente se ordenó remitir el presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró competente a la Corte Segundo de lo Contencioso Administrativo, admitió la demanda de nulidad por la apoderada judicial de la sociedad mercantil FARMACIA ESPAÑA, S.R.L, contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS, se ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Superintendente Nacional de Costos y Precios Justos, y Procurador General de la República; y se le solicitó al referido Superintendente los antecedentes administrativos relacionados con la presente causa, y finalmente se ordenó remitir el presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.