Esta Corte declaró: 1. QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por la parte recurrente, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 24 de marzo de 2015, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ÓSCAR JESÚS TORREALBA QUINTERO, contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (CICPC); 2. CON LUGAR la apelación ejercida; 3. Se REVOCÓ la sentencia apelada; 4. PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta, y en consecuencia: 4.1. NULO el acto administrativo impugnado; 4.2. Se ORDENÓ su reincorporación al cargo de Sub Inspector o uno de igual o superior jerarquía; 4.3. Se ORDENÓ el pago de los sueldos dejados de percibir; 4.4. Se NEGÓ el pago de los intereses moratorios, y 4.5. Se NEGÓ el pago de las vacaciones.

Esta Corte declara: Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte recurrente, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte en fecha 30 de noviembre de 2016, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Rafael Media Villalonga, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano PEDRO RAFAEL VÉLIZ ROMERO, antes identificados, contra el MUNICIPIO BOLIVARIANO EZEQUIEL ZAMORA DEL ESTADO COJEDES; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

Esta Corte declaró: SU COMPETENCIA para conocer el presente recurso de apelación interpuesto el 11 de julio de 2016 por la parte recurrente, contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2016 por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, hoy Juzgado Superior Estadal Quinto Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano MARCO VALERO, debidamente asistido por el abogado Humberto Decarli, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE Y OBRAS PÚBLICAS; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; y CONFIRMÓ el fallo apelado.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas en fecha 25 de febrero de 2015, mediante la cual se declaró inadmisible por caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana YURIMAR YANET RODRÍGUEZ VIVAS, debidamente asistida por el abogado Alexis Rafael Moreno López, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE; 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- REVOCÓ el fallo apelado; y 4.- Se ORDENÓ la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas.

Esta Corte declaró: DESISTIDA la demanda por abstención interpuesta por los abogados Gustavo Grau Fortoul, Miguel Mónaco Gómez, José Ignacio Hernández y María Isabel Paradisi, antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A., (PEPSI-COLA VENEZUELA), contra la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), conforme a lo previsto en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declaró: SU COMPETENCIA para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 26 de abril de 2016, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada por el ciudadano JOSÉ GUILARTE LARA, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; y conociendo en Consulta de Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA el fallo dictado en fecha 26 de abril de 2016, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Álvaro Garrido Lingg, ya identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad civil ASOCIACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES AGRÍCOLAS (ANCA), contra el acto administrativo de fecha 15 de diciembre de 2014, remitido a la dirección electrónica de la demandante importaciones@anca.org.ve, mediante el cual se declaró que la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) Nº 1329460 fue suspendida debiendo reintegrar el total de las divisas según forma GOC-DCI-01 emitida por el Banco Central de Venezuela por un monto de Quinientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Treinta y Seis con 92/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 551.236,92), por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX)

Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte recurrida, contra el auto de admisión de pruebas de fecha 14 de abril de 2008, proferido por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, mediante el cual declaró inadmisible la oposición formulada por la parte recurrida, respecto de las pruebas documentales promovidas por el querellante, en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el ciudadano RAFAEL MÉNDEZ PARRA, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.); 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta; 3.- REVOCÓ el auto apelado en los términos expuestos en la parte motiva del presente fallo, en consecuencia: 4.- ADMITIÓ las pruebas documentales promovidas por la parte recurrente; 5.- SIN LUGAR la oposición formulada; 6.- PROCEDENTE la impugnación respecto a la prueba "E".

Esta Corte declaró: CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar, por las sociedades mercantiles INVERSIONES TIQUIRITO, C.A. y C.A. AGRÍCOLA LA URBINA, debidamente representadas por los abogados Zvonimir Tolj Jr., Gustavo A. Grau Fortoul, Miguel J. Mónaco Gómez y Daniel Leza Betz, contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 6401-137 de fecha 7 de agosto de 2001, emanado del INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"; en consecuencia: NULO el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 6401-137 de fecha 7 de agosto de 2001, a través del cual confirmó el contenido del Informe Técnico elaborado en el mes de julio del año 2000 por el entonces Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional, intitulado "Verificación Toponímica de los Accidentes Denominados Topo Vengozo, Zona de los Tubos, Alto Pensamiento, Alto Paují y Portachuelo. Municipio José Rafael Revenga-Estado (sic) Aragua".

Esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por el abogado Alí Alberto Gamboa García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil EVEN ESPONJAS VENEZOLANAS, C.A., contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE); 2.- Se ADMITIÓ PROVISIONALMENTE la demanda incoada; 3.- Se declaró PROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar formulada y, en consecuencia, se SUSPENDIERON los efectos del acto administrativo contenido en el Acta de Medida Preventiva Nº 05182 de fecha 25 de septiembre de 2017, la cual se pretendió "¿subsanar los vicios que adolecía" el 10 de octubre de 2017; y 4. Se ORDENÓ remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines legales consiguientes.