En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en el recurso contencioso administrativo de nulidad suspensión interpuesto por las Apoderadas Judiciales de la ciudadana MICHELINA FEZZUOGLIO DE TABET, contra la Resolución Nº 338.10 de fecha 2/7/2010, notificada mediante cartel de notificación de fecha 23/7/2010, publicado en las páginas veintidós (22) y veintitrés (23) del Diario "Vea" del 2/9/2010, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN) la cual declaro Sin Lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto, contra la Resolución N° 108.10 de fecha 1/3/2010, la cual sancionó a la referida ciudadana con multa por la cantidad de por la cantidad de treinta y un mil novecientos ochenta bolívares fuertes.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte DECLARA: la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas a partir del 3 de octubre de 2007, fecha desde la cual inició de pleno derecho el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, salvo la reconstitución de la Junta Directiva de esta Corte y 2. ORDENA la reposición de la causa al estado que la Secretaría de esta Corte notifique a la parte recurrente para que se dé inicio al lapso de contestación, contado a partir de que conste en autos la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 aparte 18 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable rationae temporis.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas a partir del 17 de septiembre de 2009, fecha desde la cual inició el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, salvo la reconstitución de la Junta Directiva de esta Corte y 2. ORDENA la reposición de la causa al estado que la Secretaría de esta Corte notifique a la parte recurrida para que se dé inicio al lapso de contestación, contado a partir de que conste en autos la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 aparte 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercida por las ciudadanas Ana Jasmín Pineda, Sira Pastora Vargas Rodríguez y María Margarita Jiménez de Rodríguez, asistida por la Abogada María Delia Pérez, antes identificada, contra la sentencia de fecha 2 de febrero de 2011, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por las ciudadanas ANA JASMÍN PINEDA, SIRA PASTORA VARGAS RODRÍGUEZ y MARÍA MARGARITA JIMÉNEZ DE RODRÍGUEZ contra la ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO LARA, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte ORDENA a la Secretaría de esta Corte notificar al ciudadano LUIS ALFONZO ALMEIDA SHIAFFINO, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que en el lapso de cinco (5) días siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su notificación, consigne ante éste órgano jurisdiccional la documentación en la que se evidencie la consignación de la Declaración Jurada de Patrimonio por el cese de funciones en la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, afín que permita a este Órgano Jurisdiccional verificar su contenido legalidad y procedencia, indicándoles que una vez los documentos solicitados sean consignados, la contraparte, podría -si así lo quisiera- impugnar los mismos dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a que conste en autos la remisión del referido expediente.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las Abogadas Laura Capecchi y Luisa Gioconda Yaselli, actuando con el carácter de Apoderadas Judiciales de la ciudadana ANA MARÍA BAPTISTA DE SÁNCHEZ, contra el acto decisorio de fecha 19 de agosto de 2010, emanado de la GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILDIADES DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), 2.- IMPROCEDENTE la solicitud de acumulación solicitada y 3.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines que se pronuncie sobre la admisión de la presente causa.

En el recurso de apelación ejercido por la Abogada María Isabel Paradisi, en su carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A., contra el auto de fecha 14 de mayo de 2013, dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte mediante el cual declaró Inadmisible por caducidad en la demanda de nulidad interpuesta contra el acto administrativo Nº SUNDECOP/ICP/2012/000206, de fecha 7 de septiembre de 2012, emitido por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS (SUNDECOP). Esta Corte dicto sentencia mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido; 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3. Se CONFIRMÓ la decisión de fecha 14 de mayo de 2013, dictado por el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de marzo de 2005, por el Abogado José Rodríguez, actuando con el carácter de Sustituto de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 10 de agosto de 2004, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ ENRIQUE ROMERO, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Esta Corte dicto sentencia mediante la cual ORDENÓ, notificar al ciudadano José Enrique Romero y al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a los fines que consignen el acta de homologación de la transacción celebrada ante la Sub-Inspectoría del Trabajo en los Municipios Brión, Buroz, Bello, Páez y Pedro Gual del estado Miranda, en fecha 22 de junio de 2005.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 9 de septiembre de 2003, por la Apoderada Judicial de la parte recurrente, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo en fecha 2 de septiembre de 2003, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LEONEL BASTIDAS FERNÁNDEZ, contra la INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA. Esta Corte dicto sentencia dicto sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3.- FIRME el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 6/11/2003, por la Apoderada Judicial de la parte querellante, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 18 de agosto de ese mismo año, mediante el cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por las Abogadas Susy Martínez Ducreaux y María Elena Soares de Nobrega, actuando con el carácter de Apoderadas Judiciales de la ciudadana ÁNGELA BENIGNA ESCALONA DE CRUCES, contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND), 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3. FIRME el fallo apelado.