INVERSIONES RECREATIVAS MÚLTIPLES, C.A vs. COMISIÓN. Este Juzgado declara COMPETENTE a la CSCA para conocer en primera instancia de la demanda de nulidad interpuesta; .- ADMITE la referida demanda de nulidad; ORDENA la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República, Presidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles y Procuradora General de la República; ORDENA la notificación del Comandante del Destacamento de Seguridad Urbana Zulia del Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana; ORDENA solicitar al ciudadano Presidente de la Comisión Nacional de Casinos el expediente administrativo relacionado con el presente caso, y; ORDENA remitir el presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas, a fin que se fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio.

Auto mediante el cual se fija para el tercer (3er) día de despacho siguiente a esta fecha la oportunidad para proveer lo conducente sobre la admisión de la presente acción.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación acordó devolver el presente expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines legales consiguientes.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación al escrito presentado en fecha 20 de marzo de 2012, por el abogado Alejandro Silva Ortíz, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Moliendas Papelón, S.A., Molipasa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró DESISTIDA la causa y, en consecuencia extinguida la instancia en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por los abogados Humberto D´Ascoli Centeno, Alexis Pinto D´Ascoli y Alexander José Pérez Gómez, antes identificado, actuando en su carácter de apoderados judiciales de las sociedades mercantiles MOTORES CABRIALES, S. A, AUTO MUNDIAL, S. A, AUTOBUSES VENEZOLANOS, C. A. (AVENCA), RÚSTICOS AUTOMUNDIAL, C. A (RAM) y ENSAMBLAJE DE CARROCERÍAS VALENCIA, C. A (ENCAVA), contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Número 030 de fecha 2 de septiembre de 2003, dictada por el Presidente del INSTITUTO AUTÓNOMO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU).

se dicto decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-ORDENA oficiar al Presidente del Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, al Alcalde y al Síndico Procurador del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, a fin de que informen a esta Corte dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a su notificación, acerca de la inclusión en el presupuesto de gastos del ejercicio 2012, de una partida destinada al pago de la cantidad de Veinte Mil Bolívares (Bs. 20.000,00), adeudada al ciudadano ELIO RAMÓN PÉREZ URBINA, en razón de la sentencia N° 2011-0517, emanada de esta Corte en fecha 5 de abril de 2011, que declaró parcialmente con lugar la demanda de indemnización por daño moral ejercida por el ciudadano antes mencionado contra el Instituto de Seguridad Ciudadana y Transporte (INSETRA) de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- RATIFICA SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de septiembre de 2004, por la abogada María Carolina Cira, actuando con el carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), contra el fallo dictado en fecha 15 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Marco Avilio Trejo y Luis Fernando Ramírez, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano JUAN ALEXIS GUTIERREZ MOLINA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMIN); 2.- HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO del recurso de apelacion presentado por la abogada María Corina Cira, en fecha 30 de noviembre de 2006, actuando en su carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de Geología y Minería.

Esta Corte dictó Sentencia mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la decisión dictada en fecha 13 de enero de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ZULMA GREGORIA CHACÓN CARVALLO, debidamente asistida por el apoderado judicial Miguel Mirabal, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2.- SIN LUGAR la apelación. 3.- CONFIRMA el fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de julio de 2005, por el abogado Jorge López Bonnetti, actuando en su carácter de Síndico Procurador Municipal del Municipio Lagunilla del Estado Zulia, en querella funcionarial interpuesta por la ciudadana NANCY BEATRIZ ÁVILA, asistida por la abogada Olivia Márquez, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TERMINALES, TRANSPORTE, TRÁNSITO Y CIRCULACIÓN DE LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA (I.M.T.T.E.L.). 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- se REVOCA el fallo dictado Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Oriental, el 5 de abril de 2005, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial. 4.- SIN LUGAR la querella funcionarial.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: La HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN formulado por la abogada Mercedes Caycedo Lares, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil LAMINADO INNOVADORES LAMINOVA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto del Distrito Federal y estado Miranda el 19 de febrero de 1996, bajo el Nº 61, Tomo 16-A-Qto., asistido por los abogados Juan Domingo Alfonzo y Alejandro Galloti, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 28.681 y 107.588, respectivamente, contra "el acto denegatorio tácito del recurso de reconsideración ejercido contra el acto administrativo contenido en la notificación de fecha 15 de noviembre de 2010", dictado por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI).