La Corte declaró PROCEDENTE la medida de embargo preventivo solicitada sobre bienes muebles propiedad de las sociedades mercantiles GONZA C.A., y SEGUROS PIRÁMIDE, C.A., de conformidad con lo previsto en los artículos 274, 286 y 527 del Código de Procedimiento Civil, por el doble de la cantidad pretendida por la actora más las costas procesales estimadas en un treinta por ciento (30%) de lo demandado, lo cual arroja para la sociedad mercantil GONZA C.A., o en su defecto ¿en caso de imposible ejecución por parte de la demandada-, sobre la empresa aseguradora SEGUROS PIRÁMIDE C.A., la cantidad de siete millones ochocientos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve bolívares fuertes con cincuenta y cinco céntimos (Bs.F. 7.808.659,55); IMPROCEDENTE la medida de prohibición de enajenar y gravar (Vid. sentencia).05

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 17 de mayo de 2010, en virtud del cual negó el recurso de reclamo efectuado contra la experticia complementaria al fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, declara CON LUGAR la apelación ejercida; REVOCA la decisión apelada en los términos expuestos en el presente fallo; Se ORDENA al Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, proceda a sustanciar y decidir el recurso de reclamo efectuado por el recurrente, a la experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. (vid sentencia). 04

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto, contra la sentencia del 2 de julio de 2007, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo y Agrario del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; REVOCA el fallo dictado por el Juzgado A quo; Se ORDENA al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo y Agrario del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, dictar decisión de fondo correspondiente en su condición de juez de primera instancia del presente recurso contencioso administrativo funcionarial. 04

La Corte declaró que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida contra la decisión que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial; declara CON LUGAR la apelación incoada; REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado a quo y, conociendo del fondo de la presente controversia, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 01

La Corte ordena la remisión inmediata del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en acatamiento a lo ordenado mediante decisión Nº 2002-2896 de fecha 24 de octubre de 2002, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que, previa notificación de las partes, se pronunciara sobre lo solicitado en fecha 1º de agosto de 2001, por la representación judicial de la parte querellada y en fecha 13 de marzo de 2002, por la representación judicial de la querellante, relativo a la terminación del proceso en virtud de haberse producido extrajudicialmente la satisfacción de la pretensión.05

La Corte declaró DESISTIDA la presente causa y extinguida la instancia del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. 04

La Corte declaró que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida contra la decisión que declaró el abandono de trámite de la acción de amparo constitucional interpuesta; declara CON LUGAR la apelación incoada; REVOCA la sentencia apelada y, ORDENA REMITIR el presente expediente al Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines que revise las causales de inadmisibilidad de la presente acción de amparo constitucional. 01

La Corte ORDENA NOTIFICAR al ciudadano Alcalde y al Síndico Procurador del Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara y al representante de la Cámara Municipal, para que en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir que consten en autos los recibos de notificación, informen si conservan el interés en continuar en el presente proceso y de ser éste el caso, expresen los motivos por los cuales mantienen el referido interés en la apelación interpuesta. En el entendido que de no realizar dicha exposición dentro del plazo que fue fijado, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considerará la pérdida del interés en el recurso interpuesto. 04

La Corte declaró Ratifica SU COMPETENCIA para conocer de la "(...) reclamación frente a las vías de hecho en que ha incurrido el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (I.N.T.T.T.) del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura (...)", interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada, "al desmontar y apropiarse de las vallas publicitarias pertenecientes a [su] representada, y debidamente permisadas y autorizadas por las autoridades nacionales y municipales competentes, sin la tramitación del procedimiento administrativo previo que le garantizara sus derechos constitucionales a la defensa, a la presunción de inocencia, a la propiedad, a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, y a su propia imagen comercial, los cuales se encuentran consagrados en los artículos 49, 115, 112 y 60, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", declara PARCIALMENTE CON LUGAR la"(...) reclamación frente a las vías de .....

La Corte declaró SU COMPETENCIA para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, de fecha 9 de febrero de 2004, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto; REVOCA por efecto de la consulta de ley prevista en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (hoy artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República), la sentencia dictada por el mencionado Juzgado A quo, en fecha 9 de febrero de 2004, que declaro parcialmente con lugar el recurso administrativo funcionarial interpuesto, y asimismo, declara INADMISIBLE la querella funcionarial interpuesta. 04