Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer la causa, CON LUGAR el recurso de apelación ejercido, ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 30 de junio de 2014, CON LUGAR el recurso interpuesto y en consecuencia, la NULIDAD ABSOLUTA del acto administrativo impugnado.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer la causa; SIN LUGAR la apelación ejercida y CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte declara: QUE ES COMPETENTE para conocer de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, por los abogados Matías Pérez Irazábal, María Auxiliadora Jurado, Ricardo Antonio Jaramillo Roa, María Alejandra Castillo González y Grelis Marcano Quintero, actuando en nombre propio y en su condición de "miembros de la Junta Directiva" del COLEGIO VENEZOLANO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (COVAPI), asistidos por los abogados Alexander Espinoza y Jhenny Rivas Alberti, contra el "AVISO OFICIAL" de fecha 15 de mayo de 2015, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial número 556 de esa misma fecha, suscrito por el REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI); y ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda.

Esta Corte declaró: La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación, exceptuando el auto de fecha 29 de septiembre de 2016, mediante el cual se dejó constancia de la reconstitución de este Órgano Jurisdiccional, y ordenó REPONER la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declaró: SU COMPETENCIA para conocer de la apelaciones interpuestas por la parte recurrente y por la parte recurrida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, en fecha 11 de mayo de 2011, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto; DESISTIDA la apelación ejercida por la sustituta de la Procuraduría del Estado Monagas; CON LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la parte recurrente, en consecuencia: REVOCÓ PARCIALMENTE, la decisión dictada por el Juzgado Superior; y ACORDÓ la indexación o corrección monetaria, para lo cual ordenó realizar una experticia complementaria con el propósito de determinar el monto exacto a cancelar.

Esta Corte acordó SOLICITAR a la ciudadana Catiuska García Caraballo, a la Universidad de Oriente (UDO) y a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, documento o información relativa a la validez de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010.

Esta Corte declaro Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 25 de julio de 2013, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano ALDO BUSO BÁRCENAS, asistido por el abogado Toni Medina Guillen, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (INSETRA) (...), DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

Esta Corte declaró: Su INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda por indemnización por daños y perjuicios incoada por la abogada Carmen Alicia Pérez Rojas, actuando con el carácter de apoderada judicial del Banco NACIONAL DE LA VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH), contra la sociedad mercantil SOLUZIONA S.P., C.A. y solidariamente contra la ASEGURADORA ZURICH SEGUROS, S.A., y DECLINÓ LA COMPETENCIA para conocer del presente juicio en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que corresponda previa distribución, a quien se ordenó remitir el expediente, a los fines legales consiguientes.

Esta Corte declaró: Que ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer de la demanda interpuesta; ADMITIÓ la presente demanda, en consecuencia ordenó: CITAR al ciudadano Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, así como al Rector de la Universidad Central de Venezuela, a los fines de que comparezcan mediante sus apoderados ante esta Corte dentro de un plazo de 5 días de despacho contados a partir de que se efectúe la última de las notificaciones ordenadas, para que consignen informe explicativo de las razones de hecho y de derecho que generaron la presunta abstención; NOTIFICAR a los ciudadanos Procurador General de la República y al Fiscal General de la República; NOTIFICAR a la ciudadana María Matos, parte actora en la presente causa y se ORDENÓ la remisión del expediente a la Secretaría de esta Corte, a los fines legales consiguientes.

En el recurso de apelación ejercido por el Abogado Rafael Chacón, actuando como tercero interesado y de la apelación interpuesta por la Abogada Luisa Figueroa Barroso, en su carácter de Sustituta del Procurador General de la República contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa en fecha 1º de agosto de 1989 que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso interpuesto por la ciudadana Maritza Herenia Mendez de Valor contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Educación, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: TERMINADO EL PROCESO POR PÉRDIDA DEL INTERÉS, asimismo, se deja sin efectos la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal de Carrera Administrativa, en fecha 1 de agosto de 1989, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.