Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 6 de marzo de 2012, por el abogado Iván Darío Maldonado, antes identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana SONIA COROMOTO PIZZORNO TORRES, titular de la cédula de identidad número 4.567.769, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, en fecha 29 de febrero de 2012, mediante la cual se declaró inadmisible el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, por cobro de diferencia de prestaciones sociales; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ORDENÓ reponer la causa al estado de dar inicio al lapso de fundamentación a la apelación. Asimismo se ordenó remitir el expediente a la Secretaría de esta Corte

En virtud de las consideraciones antes expuestas, se declara: CON LUGAR la inhibición presentada por el Juez Gustavo Valero Rodríguez, en fecha 14 de abril de 2014.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- Declaró QUE ES COMPETENTE para conocer la apelación ejercida en fecha 16 de mayo de 2013, por la representación judicial de los ciudadanos ANA LUISA ANGULO, NELSON MUJICA Y ERICK PÉREZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 16 de abril de 2013, que declaró SIN LUGAR la Demanda de Nulidad, interpuesta por los aludidos ciudadanos, contra el acto dictado por el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO LARA, en fecha 22 de marzo de 2012. 2. SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3. Se confirma el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual ordenó: NOTIFICAR, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a la ciudadana NOHEMI JOSEFINA VARGAS DE PALMA, titular de la cédula de identidad número 10.638.213, esposa del ciudadano Francisco José Palma Peña, parte querellante en la presente causa, y al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, ente encargado de llevar el Sistema Nacional del Registro Civil, para que remitan a esta Corte el Acta de Defunción o cualquier otro documento que haga demostrar el fallecimiento del mencionado ciudadano.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 9 de marzo de 2012, por la abogada Rosangela Cordero Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 55.978, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO DEL ESTADO LARA, contra la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró parcialmente con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana MARISOL MORALES HERNÁNDEZ; 2. DESISTIDO el recurso de apelación; 3. IMPROCEDENTE, la consulta de la sentencia de fecha 6 de agosto de 2008, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental; 4. FIRME, el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano MARIO BENIGNO CARRILLO PÉREZ, titular de la cédula de identidad número 2.987.427, representado por los abogados Luis Alfredo Sucre Cuba, Rosa Virginia Palomo y Freddy Figarella Roosi, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 235, 43.097 y 3.157, respectivamente, contra el Acto Administrativo contenido en el oficio número 1591, de fecha 6 de julio de 1992, emanado del INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE (IND), mediante el cual fue destituido del cargo de "Entrenador Deportivo IV, en la especialidad de Esgrima, adscrito a la Dirección de Deportes del Estado Miranda".

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. ORDENAR notificar al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS y al ciudadano ALCIRO SEGUNDO TORRES PEREZ, para que dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a su notificación, den cumplimiento a lo ordenado; Igualmente, esta Corte declaró que en caso que la información solicitada sea consignada por alguna de las partes, podría -si así lo quisiera- la parte contraria impugnar tal información dentro de los cinco (5) días siguientes a que conste en autos la remisión de la información requerida, para lo cual se abrirá, el día siguiente a la impugnación, la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por la ciudadana Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure, y Municipio Arismendi del estado Barinas, en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano RUBÉN DARÍO PINO, representado por el abogado Marcos Goitia, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PEDRO CAMEJO DEL ESTADO APURE; CON LUGAR la inhibición propuesta; SE ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la ciudadana Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure, y Municipio Arismendi del estado Barinas.

Esta Corte declara: 1.- INCOMPETENTE para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ABSALÓN MÉNDEZ CEGARRA, asistido por los abogados Rosmali Carolina González Brito y José Rafael Pompa García, contra la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, por cobro de prestaciones sociales, intereses sobre prestaciones sociales, intereses oratorios e indemnizaciones sociales y otros conceptos laborales. 2.- Se DECLINA la competencia a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, y en consecuencia; 3.- Se ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital competente (en funciones de distribución) a los fines legales pertinentes.