Se dictó auto mediante el cual esta Corte ordenó notificar a la abogada Ilvania Martins, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 117.169, a los fines de que, en el lapso de ocho (8) días de despacho siguientes, contados a partir de que conste en autos la notificación del presente auto, manifieste expresamente el mecanismo de autocomposición procesal que considere idóneo y en tal sentido consigne la correspondiente autorización.

La Corte declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 3 de noviembre de 2009, por el abogado Edgar José Lozada Peña, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 82.086, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana SHIRLEY PIEDAD SOMOZA MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 6.372.074, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 29 de octubre de 2010, que declaró improcedente el amparo cautelar requerido en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial contra el "MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL". SIN LUGAR la apelación interpuesta. CONFIRMA el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

La Corte ordenó solicitar al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación (IPASME), que consigne ante este Órgano Jurisdiccional el expediente administrativo de la recurrente, dentro de los ocho (8) días de despacho siguientes a que conte en autos su notificación. Asimismo, ordenó notificar a la ciudadana Sorocaima Heredia, a los fines de que tenga conocimiento de dicho requerimiento.

La Corte declaró: QUE ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la representación de la ASOCIACIÓN CIVIL DE GARANTÍAS DE RIESGO AUTOMOTRIZ, anteriormente identificados, contra el Memorando N° 06.00910, de fecha 14/07/10, emanado del INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, mediante el cual ordenó a sus oficinas en todo el territorio nacional, "Que se abstengan de aceptar, hasta nuevo aviso, pólizas de responsabilidad civil de vehículos emitidas por cualquier forma asociativa o administradora de riesgos que no estén debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros". ORDENA la remisión inmediata de la presente causa al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del presente recurso, con prescidencia de la competencia.

La Corte ordenó oficiar al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, a los fines de que remitiera copias certificadas del escrito primogenio contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano Humberto Daniel Torres Díaz, por cuanto a juicio de esta Alzada el mismo resulta indispensable para formarse un criterio de la situación sometida a su conocimiento y, en consecuencia emitir una decisión ajustada a derecho. Se ordenó notificar.

La Corte declaró: La NULIDAD del auto emitido por el Juzgado de Sustanciación en fecha 13 de diciembre de 2010, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. REPONE la causa al estado de que el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, libre las notificaciones a todas las partes involucradas en el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto, para que una vez que consten en autos el recibo de las mismas, libre el cartel ordenado en el auto dictado por el referido Juzgado en fecha 27 de julio de 2010, y seguir su curso de Ley. Se ordenó remitir de inmediato el presente expediente, al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

La Corte declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 27 de julio de 2010, por el abogado Luis Téllez Cárdenas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 33.370, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana NILDA DEL CARMEN CARRIZO MACUEY, titular de la cédula de identidad Nº 3.881.697, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 22 de julio de 2010, que declaró improcedente el amparo cautelar requerido en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial contra el "DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS". SIN LUGAR la apelación interpuesta. CONFIRMA el fallo apelado. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el sustituto de la Procuradora General de la República, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Región Capital, en fecha 16 de abril de 2008, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los apoderados judiciales del ciudadano LUIS ARGENIS LUCES GARCÍA, contra la República Bolivariana de Venezuela por Órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA. CON LUGAR la apelación interpuesta. ANULA el fallo apelado. Conociendo del fondo del asunto, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó notificar.

La Corte declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 23 de febrero de 2009, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial conjuntamente con medida cautelar innominada interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana IRENE BERENICE CHÁVEZ GUZMÁN, titular de la cédula de identidad Nº 3.985.300, contra el mencionado organismo. HOMOLOGÓ EL DESISTIMIENTO de la acción presentada por la parte querellante. Ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

La Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la abogada Merwil Corina Alvarado Azuaje, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana ADELA DEL CARMEN ANZOLA FADUL, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 15 de junio de 2010, mediante la cual declaró in limine litis inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. CON LUGAR la apelación interpuesta. REVOCÓ la sentencia apelada. ORDENÓ remitir el presente expediente al Tribunal de origen a los fines de que previa notificación de las partes, continúe el procedimiento de ley.