Esta dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por el ciudadano Gary Joseph Coa León, en su carácter de Juez del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano JHONNY JOSÉ BARRIOS GALBOZO, titular de la cédula de identidad número 7.921.074, representado judicialmente por el abogado Pedro Alejandro Viloria Jaimes, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 142.204, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (INSETRA); 2.- CON LUGAR la inhibición propuesta; 3.- SE ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, al ciudadano Gary Joseph Coa León, en su carácter de Juez del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano EDGAR ALEXANDER QUEVEDO BARRIOS, titular de la cédula de identidad número 11.395.301, debidamente representado por el abogado Julio César Quevedo Barrios, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 134.075, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA, por cobro de diferencia de prestaciones sociales; ORDENA la acumulación del presente expediente al asunto número AP42-R-2013-001095, y en consecuencia el cierre informático del expediente signado con el número AP42-R-2012-001125.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1. QUE NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, para conocer del "Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos", por las sociedades mercantiles ARMIL, C.A., y ARMIL HOTELES, C.A., representadas judicialmente por el abogado Kamil Salmen Halabi, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 77.346, contra "[¿] el procedimiento Administrativo instaurado por la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO VILLALBA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, en donde se pretendió efectuar una investigación fiscal". 2. PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Se ordenó notificar a las partes y remitir el expediente a la referida Sala.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la sociedad mercantil AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda en fecha 14 de noviembre de 1996, bajo el número 53, Tomo 73-A-Qto., de los Libros de Comercio respectivos, representada por los abogados Carmelo De Grazia Suárez, Horacio De Grazia Suárez y Pamela Alexandra Quiroz, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 62.667, 84.032 y 72.055, respectivamente, contra el acto administrativo S/N de fecha 6 de mayo de 2005, emanado del INSTITUTO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, mediante el cual se le impuso la sanción de multa por la cantidad de Dos Mil Doscientas Cincuenta Unidades Tributarias (2.250 U.T.).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por los representantes judiciales de la sociedad mercantil MiPlan Recíproco MiPlan, S.A. contra el acto administrativo S/N de fecha 7 de mayo de 2007 emanado del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS). Se ordenó notificar a las partes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta por los abogados Enrique Sánchez Falcón y Jorge Planas Hernández, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano RITO MARÍA BRICEÑO GODOY, contra el acto administrativo contenido en el expediente Nº SIB-DSB-AI-ADR-001/2012 de fecha 14 de febrero de 2013, dictado por la AUDITORÍA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, mediante el cual declaró parcialmente con lugar los recursos de reconsideración, y en consecuencia redujo la multa impuesta y confirmó la declaratoria de responsabilidad administrativa del referido ciudadano. Se ordenó la notificación de la presente decisión.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la Procuraduría General del estado Lara, contra la sentencia dictada por el Juzgado a quo, en fecha 18 de agosto de 2003, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano DAVID VILLEGAS VILLEGAS, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA. 2.- IMPROCEDENTE la homologación del desistimiento del recurso de apelación, presentado por la apoderada judicial del mencionado organo. 3.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por esta Corte el 3 de agosto de 2005, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa. 2.- REPUSO la causa al estado que se libraran las notificaciones para dar inicio al lapso de diez (10) días de despacho, dentro de los cuales la parte apelante, deberá presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su apelación.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer en consulta, el fallo dictado por el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, de fecha 4 de junio de 2013, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano MIGUELANGEL CARRILLO GONZÁLEZ, asistido por el abogado Frederick Díaz, contra la "GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE". 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMÓ el fallo dictado en fecha 4 de junio de 2013, por el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas. Se ordenó la remisión al tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte : 1.- Declaró Que es COMPETENTE para conocer en consulta, el fallo dictado por el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, el 3 de junio de 2013, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano CHRISTIAN RAFAEL ARRAEZ GONZÁLEZ, contra la "GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE". 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMÓ el fallo dictado en fecha 3 de junio de 2013, por el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas. Se ordenó la remisión del expediente al juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 14 de agosto de 2013, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado que se libren las notificaciones a que hubiera lugar para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.