Se dictó sentencia mediante la cual este Órgano Jurisdiccional se declaró su COMPETENCIA para conocer la apelación interpuesta en fecha 13 de julio de 2017, por el abogado Humberto Decarli, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 9928, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano CÉSAR JOSÉ BURELLI VALERO, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.25.973, contra el decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SIN LUGAR la apelación interpuesta y CONFIRMÓ la sentencia emanada del Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 29 de junio de 2017.

Se dictó sentencia mediante la cual este Órgano Jurisdiccional HOMOLOGÓ el desistimiento de la acción y del procedimiento en la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos, formulado por el apoderado judicial de la ciudadana PETRA MARÍA VILLASMIL DE GUILLÉN, antes identificada, contra el acto administrativo contenido el Oficio Nº CJ 058/2017 de fecha 29 de junio de 2017, emanado por la DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (INH).

Se dictó auto para mejor proveer mediante el cual este Órgano Jurisdiccional solicitó a la A la Alcaldía del Municipio Maturín del Estado Monagas, la remisión en original o copia certificada del expediente administrativo el cual debe estar debidamente foliado.

Esta Corte declaró: EL DECAIMIENTO DEL OBJETO de la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Luís Ernesto Andueza Galeno, Jorge Andrés Neher Álvarez y Vanesa Bustillos Galavis, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE CEMENTO ANDINO C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa Nº SPPLC/0033-2003, de fecha 14 de noviembre de 2003, dictada por la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA), y por ende la NULIDAD forzosa del referido acto con efectos ex tunc, solo en lo que respecta a las empresas referidas en la parte motiva del presente fallo.

Esta Corte declaró: 1. RATIFICÓ su competencia para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por el interpuesto por el ciudadano José Luis Rodríguez Jáuregui, actuando en nombre propio y en su condición de Director de la EMPRESA TAURINA HERMANOS RODRÍGUEZ JÁUREGUI C.A., debidamente asistido por la abogada Almita del Valle Rangel Muñoz, contra la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), por la negativa en el código de Autorización de Divisas numero 16379608, para el pago de importaciones. 2. SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual: RATIFICÓ el contenido del Auto para Mejor Proveer N° AMP-2017-0045 de fecha 6 de diciembre de 2017, mediante el cual se ordenó oficiar a la Dirección de la Clínica Popular El Valle "Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz", para que en el lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado la respectiva notificación, informe a esta Alzada de los siguientes particulares: i) si el ciudadano RICARDO JAVIER VALENZUELA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº 17.242.506, asistió a ese centro médico para las fechas comprendidas entre el 15 y 18 de junio 2012, ii) si fue atendido por el Dr. Pedro Luis López, titular de la cédula de identidad Nº 2.833.232, en su condición de traumatólogo ortopedista, iii) si el referido profesional de la medicina otorgó y convalidó los reposos médicos comprendidos entre el 15 y 18 de junio 2012 e informe a este Organismo Judicial, si los antedichos reposos médicos son auténticos y.....

Se dictó sentencia mediante la cual este Órgano Jurisdiccional se declaró el DECAIMIENTO del recurso de apelación en virtud de haber operado la COSA JUZGADA en la acción principal, es decir, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ROSA ROSENDO DE URBINA, titular de la cedula de identidad Nº V- 1.756.875, debidamente asistida por el abogado Francisco Lépore Girón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 39.093, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA y ANULÓ la decisión de fecha 19 de mayo de 2015 dictada por el Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

Se dictó sentencia mediante la cual este Órgano Jurisdiccional se declaró su COMPETENCIA para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Estadal Noveno Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, de fecha 30 de abril de 2018, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Kleber Argenis Agelvis Porras, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.233, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN MILAGRO BOLSEGUI, titular de la cédula de identidad Nº V-8.583.548, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, y conociendo en consulta, se CONFIRMÓ el fallo dictado por el Juzgado a quo.

Esta Corte ordenó: NOTIFICAR al CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C), para lo cual se le concedió un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en autos el recibo de su notificación (exclusive), a los fines que consigne ante esta Corte las copias certificadas del expediente administrativo correspondiente al ciudadano Manuel Morales García. Asimismo, consideró necesario NOTIFICAR a la parte demandante, y en caso que lo solicitado sea consignado por la parte recurrida, podría el recurrente –si así lo quisiera– impugnar los mismos dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes al vencimiento del lapso otorgado para la remisión del expediente administrativo, para lo cual se abrirá, al día siguiente a la impugnación, la articulación probatoria prevista en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Enrique José Quevedo Davoin, actuando como representante judicial de la asociación civil CARENERO YACHT CLUB, A.C., contra la decisión de fecha 3 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional, a través de la cual declaró la inadmisibilidad de la prueba de informes promovida por la parte demandante. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta y en consecuencia CONFIRMA la decisión de fecha 3 de noviembre de 2016 dictada por el Juzgado de Sustanciación. 3.- Se ORDENA remitir el presente expediente a la secretaría de esta Corte, a los fines de que se fije el lapso para la presentación de informes de las partes.