La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer la apelación del fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 30 de noviembre de 2007, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados William F. Benshimol R., Laura Rosa Benshimol Doza y León S. Benshimol Salamanca, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARÍA TERESA SEIJAS DE MARTÍN, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA (IAPEM). ANULA la decisión objeto de consulta. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado. SE ORDENA remitir copia certificada de la presente sentencia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

La Corte declaró La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 11 de agosto de 2008, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. REPUSO la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia contemplado en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se ordenó la notificación.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 17 de junio de 2010, por el abogado Jaime Riveiro Vicente, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 30.979, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Jorge Luis Graterol Contreras y Ana María Palumbo de Graterol, contra la decisión dictada por el Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 14 de junio de 2010, que declaró improcedente la medida de suspensión de efectos solicitada conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad; HOMOLOGADO el desistimiento formulado por el abogado Jesús Martínez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 93.852, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Jorge Luis Graterol Contreras y Ana María Palumbo de Graterol, respecto de la apelación interpuesta.

Se dictó auto mediante el cual se ordenó la notificación del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, así como a la ciudadana ROSA CONSUELO TARAZONA DE RIVAS para que dentro del lapso indicado en el presente auto den cumplimiento a lo solicitado.

La Corte declaró NO ACEPTA la competencia declinada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, y en consecuencia, se declara competente para conocer del recurso de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos ejercido por el ciudadano RUI JORGE GÓMEZ DE JESUS, contra el COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI). SE REMITE el expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se pronuncie con respecto al conflicto negativo de competencia supuesto entre los Juzgado Primero del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y, el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

La Corte Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la Contraloría General del Estado Apure; Declaró CON LUGAR el referido recurso; Revocó la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Sur; Conociendo del fondo del presente asunto, declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Rafael Antonio Sáncehz Machado, contra la Contraloría General del Estado Apure. Se ordenó la notificación y remisión del expediente al Juzgado de origen.

La Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el abogado Rafael Moreno Franco, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 62.605, actuando con el carácter de apoderado judicial de la "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA", contra la decisión dictada en fecha 26 de marzo de 2008, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, que declaró con lugar la querella funcionarial incoada. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. FIRME la sentencia apelada.

La Corte declaró QUE ES PROCEDENTE la solicitud de declinatoria de competencia efectuada por la abogada Antonieta de Gregorio, actuando con el carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, respecto del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana ZORAIDA MARGARITA BOADA MENDOZA, titular de la cédula de identidad N° 2.153.363, contra la decisión del CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO dictada en sesión extraordinaria Nº 1520 de fecha 23 de junio de 2008, mediante la cual acordó negar los pedimentos administrativos de la recurrente. QUE ES INCOMPETENTE SOBREVENIDAMENTE para conocer del recurso interpuesto. DECLINÓ la competencia, en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte. SE ORDENÓ la remisión del expediente al referido Juzgado. Se ordenó notificar.

La Corte declaró La NULIDAD parcial del auto emitido el 18 de enero de 2011, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento, así como la nulidad de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contando a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes aquí ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

La Corte declaró La NULIDAD PARCIAL de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contando a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes aquí ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.