En la demanda por intimación de honorarios interpuesta por la Abogada Cintya Agreda Martínez contra la CORPORACIÓN DE TURISMO DE VENEZUELA (CORPOTURISMO), esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. ORDENA notificar a la Abogada Cintya Agreda Martínez para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en el expediente la notificación, manifieste su interés en que se dicte sentencia de fondo en el presente recurso.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada por la Apoderada Judicial de la ciudadana NIEVES PAZ, contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO MIRANDA, esta Corte declaró: 1. declara LA NULIDAD del auto emitido en fecha 8 de noviembre de 2016, que fija el lapso de la fundamentación de la apelación. 2. REPONE la causa al estado que Tribunal de origen realice lo conducente en aras de colocar a las partes a derecho y remita el expediente dentro del mes siguiente a la fecha que conste en autos la última de las notificaciones.

En la demanda interpuesta por el Abogado Pedro Jesús Ramírez Perdomo, Apoderado Judicial del ciudadano ONOFRE ROJO ASENJO, contra la abstención o carencia en que presuntamente incurrió el PRESIDENTE DEL CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX). Esta Corte declaró: 1. -Su COMPETENCIA para conocer de la misma; 2. - La ADMITE; en consecuencia: 2.1.- Se ORDENA la aplicación del procedimiento breve previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 2.2.- Se ORDENA la citación del Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), para que comparezca a informar en un lapso de cinco (5) días de despacho, sobre la abstención denunciada; 2.3.- Se ORDENA la notificación del Procurador General de la República, a los fines que tenga conocimiento del presente asunto; 3.- Se ORDENA la remisión del presente expediente a la Secretaría de esta Corte, para que se dé cumplimiento a lo establecido en el presente fallo.

En la regulación de competencia planteada en fecha 30 de abril de 2013 por el Juzgado A quo, en virtud de la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano RAÚL OMAR MASTER GARCÍA contra el CONSEJO DISCIPLINARIO DE LA REGIÓN LOS LLANOS DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C), esta Corte dictó decisión mediante la cual: 1. Su COMPETENCIA para conocer del conflicto negativo de competencia, 2. COMPETENTE el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico para conocer de la querella; 3. Se ORDENA remitir el expediente al referido Juzgado.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Apoderado Judicial de la ciudadana FRIGIDAIRE JOSEFINA CABEZA ROJAS, contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL ESTADO MONAGAS, esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer los recursos de apelación interpuestos. 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. NULO el fallo apelado. 4. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 6. ORDENA el pago por concepto de diferencia de prestaciones sociales e intereses sobre prestaciones sociales, diferencia por concepto de bono de disfrute de vacaciones fraccionadas (período 2013 - 2014), intereses de mora e indexación, de acuerdo a los lineamientos fijados en la presente decisión. 7. ORDENA la realización de una experticia complementaria del fallo. 8. SE NIEGA el pago por concepto de antigüedad, compensación por transferencia e intereses por antigüedad derivados de la relación laboral.

En la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada de suspensión de efectos por los Abogados José Ignacio Hernández y Andrés Ortega (INPREABOGADOS Nros. 71.036 y 130.596), actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil BANESCO FINANCIADORA DE PRIMAS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, bajo el Nº 41, tomo 11-A-Pro el 12 de junio de 1993, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº FSSA-2-5-0011570 dictada el 17 de agosto de 2015 y notificada el 14 de septiembre de ese mismo año por la SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADO (SUDEASEG). Esta Corte declaró: 1.- IMPRODECENTE la medida cautelar innominada de suspensión de efectos.

En la medida cautelar innominada solicitada en el curso de la demanda de nulidad interpuesta por el Abogado Francisco Lepore Girón, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos JUAN CARLOS LAYA PEÑARANDA, CARLINA CORONADO, JOSÉ ELÍAS TORRES, CLAUDIO RIVAS JIMÉNEZ, ANA YÁNEZ CONTRERAS Y WILMEN RAMOS MADERA, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 026.16, de fecha 26 de enero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.846 de fecha 11 de febrero de 2016, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO. Esta Corte declaró: 1. IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada. 2. ORDENÓ anexar copia certificada de la presente decisión a la pieza principal de la causa referida a la demanda de nulidad, contenida en el expediente AP42-G-2016-000077.

En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 03 de noviembre de 2015, por el Juzgado A quo que declaró Inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil "CAMPANERO, C.A." contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA (SUNAVI), esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso; 2. SIN LUGAR el recurso de apelación; 3. CONFIRMA el fallo dictado.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.-Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la Representación Judicial del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN contra sentencia de fecha 31 de marzo de 2015 dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital; 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3.- Conociendo en CONSULTA obligatoria de Ley, esta Alzada: 3.1.- CONFIRMA el fallo en consulta.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de diciembre de 2012, por la Abogada Aura Rincón de Kassar, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana NORMA DEL CARMEN MIQUILENA CASTELLANO, contra la decisión de fecha 9 de octubre de 2012, dictada por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer la apelación ejercida. 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. CONFIRMÓ la sentencia apelada.