Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 26 de enero de 2006, por la abogada Marisela Cisneros Añez, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano FRANK RIVERO COLMENARES, identificados en el encabezado del presente fallo, contra la sentencia de fecha 23 de enero de 2006, dictada por el Juzgado Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA (I.A.P.E.M). 2.- Consumada la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Y LA EXTINCIÓN DEL PROCESO, respecto de la apelación ut supra. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de las apelaciones interpuestas en fechas 22 y 23 de octubre de 2008, por los abogados Adriana Aguilera Rojas y Godofredo Campos Pérez, actuando con el carácter de apoderados judiciales del CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL y del ciudadano ANTONIO PAUDA OSUNA, respectivamente, contra la decisión dictada por el Juzgado a quo en fecha 20 de octubre de 2008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra el mencionado Municipio. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la parte querellada. 3.- REVOCÓ la mencionada sentencia. 4.- INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por haber operado la caducidad. 5.- INOFICIOSO pronunciarse sobre la apelación del querellanteSe ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por las abogadas Lisbeth López y Elizabeth Dudamel, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 23.493 y 23.488, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PAPELÓN DEL ESTADO PORTUGUESA, contra la decisión dictada en fecha 25 de marzo de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana AURIBEL COROMOTO HERNÁNDEZ, identificada en el encabezado del presente fallo contra la referida Alcaldía. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. se ordenó la remisión del expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo del Estado Zulia, de fecha 28 de septiembre de 2009, mediante el cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana YOLANDA JOSEFINA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº 7.790.949, asistida por el abogado Vicente Rafael Padrón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.314, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.). 2.- PROCEDENTE la consulta de Ley invocada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo del Estado Zulia.3.- Conociendo en consulta, REVOCÓ el fallo dictado por el Juzgado a quo. 4.- SIN LUGAR el Recurso contencioso administrativo funcionarial. Se ordenó remitir el presente expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- CON LUGAR la cuestión jurídica previa, solicitada por el abogado JOSÉ ANTONIO PAIVA JIMÉNEZ, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AGRÍCOLAS, S.A. 2.- INADMISIBLE, la querella interdictal restitutoria, incoada por el abogado EDUARDO GARCÍA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 110.153, actuando en su propio nombre, contra la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AGRÍCOLAS, S.A. 3.- REVOCÓ, el auto de admisión de fecha 21 de febrero de 2007, dictado por el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 16 de marzo de 2010, por el abogado Guillermo Peña Guerra, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la declaratoria de improcedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental en fecha 4 de marzo de 2010. 2.- Se CONFIRMÓ el fallo apelado. 3.- SE ORDENÓ agregar el presente cuaderno separado al expediente principal N° AP42-R-2010-000345.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria planteada por la ciudadana IBETH CECILIA CHÁVEZ, titular de la cédula de identidad Nº 5.047.454, asistida por el abogado Miguel Gil, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 4.520, presentada en fecha 12 de julio de 2011, ante la sentencia Nº 2011-1046 dictada en fecha 7 de julio del 2011. 2.- IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria efectuada.

En la acción de amparo constitucional interpuesta por el Apoderado Judicial de los ciudadanos ADLIH YURBIS MORENO GALÌNDEZ, JIOMAIRA COROMOTO SEQUERA PINEDA y LUIS ALEXANDER CARRERO GARCÌA, contra la GOBERNACION DEL ESTADO YARACUY. Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: ORDENÓ notificar al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, para que en el lapso de cinco (5) días de despacho, más tres (3) días continuos correspondiente al término de la distancia, contados a partir de la fecha que conste en el expediente el recibo de la notificación a que se refiere el presente auto remita a este Órgano Jurisdiccional copia certificada del expediente en su totalidad, con el fin de observar la acreditación otorgada al abogado Carlos Eduardo Arango Andueza en el poder quien se señaló en la solicitud de amparo como Apoderado Judicial.

En el recurso de apelación interpuesto por las Abogadas sustitutas de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 6 de mayo de 2009, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana CARMEN ADOLIA REVILLA DE MARTÍNEZ contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, hoy día, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. REVOCA PARCIALMENTE la sentencia dictada en fecha 6 de mayo de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental. 4. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos, por el Abogado Alfonso Graterol Jatar y otros, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil Promotora Di Gerónimo C.A., contra el acto denegatorio tácito del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, en virtud del silencio administrativo respecto al recurso jerárquico interpuesto contra la Providencia Administrativa dictada por la Presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios; esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su Incompetencia para conocer del recurso; 2. Declina la Competencia a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; 3. Ordena remitir el presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.