Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1. Ratifica la COMPETENCIA para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana OLGA ADELINA GUERRA CANAS, titular de la cédula de identidad Nº 6.359.697, debidamente asistida por el abogado Alexis Rafael Moreno López, contra el acto administrativo CEA DDR-Nº 1273-11 de fecha 25 de febrero de 2011, notificado a la recurrente el 4 de marzo de ese mismo año, emanado de la DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO APURE, mediante el cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto y confirmó la decisión del 4 de enero de 2011, en la cual se sancionó con multa de setecientas cincuenta unidades tributarias (750 UT) a la recurrente. 2.- DESISTIDO el procedimiento de autos.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción el recurso contencioso administrativo de abstención o carencia interpuesto por los abogados GUSTAVO GRAU FORTOUL, MIGUEL MÓNACO GÓMEZ, JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ y MARÍA ISABEL PARADISI, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A., contra la presunta omisión de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), en dar respuesta a la solicitud realizada por la referida sociedad mercantil en fecha 23 de febrero de 2012 con respecto a la "(¿) emisión y notificación del contenido del acto administrativo correspondiente a las AUTORIZACIONES DE LIQUIDACIÓN DE DIVISAS (´ALD´) (¿)". 2.- INADMISIBLE el referido recurso contencioso administrativo de abstención o carencia interpuesto por haber operado la caducidad. Asimismo, se ordenó notificar a las partes.-

Por las razones expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, en fecha 3 de octubre de 2012, para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda por indemnización de daños y perjuicios, interpuesta por el ciudadano JUAN MANEIRO, titular de la cedula de identidad Nº 1.497.833, , debidamente asistido por los abogados Héctor Ramón Velásquez y Luis Guillermo Medina, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 38.141 y 43.390, contra il PDVSA GAS S.A., filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 2.- PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la Sala Plena del T.S.J. 3.-Ordena REMITIR el presente expediente a la Sala Plena del T.S.J.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, RATIFICA la medida cautelar de suspensión de efectos declarada procedente el día 30 de julio de 2012, acordada en lo que respecta a la sanción mediante la cual lo suspendieron de toda actividad gremial , social y deportiva por el lapso de un año, contados a partir del tercer (3ª) día en que quedara firme la referida providencia de fecha 31 de mayo de 2012, la cual fue solicitada en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Luis Anibal Solano Orjuela, antes identificado, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ VICENTE NORIEGA, titular de la cédula de identidad Nº 8.302.910, contra el acto administrativo S/N de fecha 31 de mayo de 2012, emanado del TRIBUNAL DISCIPLINARIO DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que es COMPETENTE para conocer las apelaciones ejercidas. 2. Declaró Con lugar la apelación incoada por el Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda. 3. Declaró INOFICIOSO pronunciarse con respecto al recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente. 4. ANULÓ el fallo apelado. 5. Declaró SIN LUGAR el recurso por abstención o carencia ejercido. Ordenó la notificación de las partes y la remisión del expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- SIN LUGAR la demanda por cumplimiento de contrato, daño material y moral interpuesta por el ciudadano JOSÉ ENRIQUE BRACAMONTE, actuando en su carácter de presidente de la sociedad mercantil BRASEPRO, C.A., contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del SERVICIO AUTÓNOMO DE VIVIENDA RURAL (SAVIR), adscrito al MINISTERIO PARA LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT. 2.- Se condenó en COSTAS al actor. Se ordenó la notificación.

Por las razones expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, en fecha 3 de octubre de 2012, para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda por indemnización, interpuesta por el ciudadano RAFAEL LUCRECIO ACOSTA CEDEÑO, titular de la cédula de identidad Nº 3.012.174, debidamente asistido por los abogados Héctor Ramón Velásquez y Luis Guillermo Medina, inscritos en el IPSA bajo los Nros. 38.141 y 43.390, contra PDVSA GAS S.A, FILIAL de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A, 2.- PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 3.- Ordena REMITIR el presente expediente a la Sala Plena del T.S.J.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte ordenó CONVOCAR a las partes ciudadano RAMÓN EMILIO GONZÁLEZ ALDANA y DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO DEL ESTADO ARAGUA (C.S.O.P.E.A.); así, como también a los colectivos siguientes: "Consejo Comunal Banco Obrero", "Consejo Comunal La Molinera II", "Consejo Comunal de Divo Roye" y el "Comité de Salud y Contralores Sociales Molinera II" Además de la notificaciones anteriormente acordadas, esta Corte ORDENÓ la notificación mediante Oficio del ciudadano Procurador General del Estado Aragua, a quien se le indicará del emplazamiento acordado en el presente auto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1) QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por por "(¿) los ciudadanos ANTONIO RAMÓN REQUENA, asistido por el abogado Juan Reyes Lozano, y CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ, actuando con el carácter de Síndico Procurador del Municipio Leonardo Infante del Estado Guárico, (¿)" contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Central el día 5 de ese mismo mes y año, mediante el cual declaró improcedente "la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, solicitada (¿)" en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar "contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LEONARDO INFANTE DEL ESTADO GUÁRICO". 2) ANULÓ el fallo apelado. 3) IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado. Se ordenó notificar y remitir el expediente al tribunal de origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada por el ciudadano Carlos José Correa Barros titular de la cédula de identidad Nº 8.317.640, actuando en su carácter de Director de la Asociación Civil ESPACIO PÚBLICO, formalmente inscrita por ante la Ofician Subalterna del Sexto Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, en fecha 20 de febrero de 2003, bajo el Nº 28, Tomo 02, debidamente asistido por el abogado Oswaldo Rafael Cali Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 153.405, contra el ciudadano Pedro Maldonado, en su carácter de Director General de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL).