Se dictó y publicó Resolución mediante la cual se declaró: COMPETENTE a la CSCA para conocer la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Miguel Mónaco y Carlos Gustavo Briceño actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORPORACIÓN AJL 2010, C.A., contra CADIVI; ADMITIÓ la demanda de nulidad; ORDENÓ notificar al FGR, PGR, Presidente de CADIVI y M.P.P. para las Finanzas; ORDENÓ solicitar al Presidente de CADIVI los ant. adm. relacionados con la causa; ORDENÓ remitir el exp. a la CSCA, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas a fin que se fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio de conformidad con el art. 82 de la LOJCA.

En fecha 28 de noviembre de 2013, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual se pronunció en relación a la admisibilidad de la demanda de nulidad interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil Suministros Industriales Delta, C.A. contra el acto administrativo Nº PRE-VPAI-CJ-008530, de fecha 02 de mayo de 2013, notificado vía correo electrónico el 28 de mayo de 2013, y de la decisión administrativa notificada vía correo electrónico en fecha 05 de febrero de 2012, que decide la solicitud de autorización de adquisición de divisas Nº 14773806, emitido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

En fecha 28 de noviembre de 2013, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual se providenció el escrito presentado en fecha 27 de noviembre de 2013, por las abogadas Cheyla Jorkshire Fagundez Oropeza y Berbelis del Carmen Oropeza, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 145.921 y 173.809, respectivamente, actuando con el carácter de representantes judiciales de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual solicitan la expropiación de los bienes muebles e inmueble y bienhechurías presuntamente propiedad de la sociedad mercantil Tratacero, C.A.

En fecha 28 de noviembre de 2013, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual se providenció el escrito presentado en fecha 27 de noviembre de 2013, por las abogadas Cheyla Jorkshire Fagundez Oropeza y Berbelis del Carmen Oropeza, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 145.921 y 173.809, respectivamente, actuando con el carácter de representantes judiciales de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual solicitan la expropiación de los bienes muebles e inmueble y bienhechurías presuntamente propiedad de la sociedad mercantil Cartonajes Granics, C.A.

En fecha 28 de noviembre de 2013, este Juzgado de Sustanciación se declaró como no presentada la demanda por resolución de contrato interpuesta en fecha 05 de agosto de 2009 por el abogado David Dario Barroso Chirinos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 117.275, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Centro Rafael Urdaneta, S.A., contra el ciudadano Ronald Peralta Quevedo.

En fecha 28 de noviembre de 2013, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual se pronunció en relación a la admisibilidad de la demanda de nulidad interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil Suministros Industriales Delta, C.A. contra el acto administrativo Nº PRE-VPAI-CJ-011850, de fecha 02 de mayo de 2013, notificado vía correo electrónico el 29 de mayo de 2013, y de la decisión administrativa notificada vía correo electrónico en fecha 20 de febrero de 2012, que decide la solicitud de autorización de adquisición de divisas Nº 14774532, emitido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

En fecha 28 de noviembre de 2013, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual se providenció el escrito de prueba presentado durante la audiencia preliminar celebrada el 14 de octubre de 2013, por la abogada Teresa Sandoval Aparicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 18.564, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil CVG PROMOCIONES FERROCA, S.A. (CVG FERROCASA), en el expediente contentivo de la demanda por cumplimiento de contrato interpuesta conjuntamente con medida cautelar de embargo por la mencionada apoderada judicial, contra las sociedades mercantiles Constructora Cesgal, C.A. y Seguros Banvalor, C.A.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la ciudadana DUVILA URBANO ALFARO, titular de la cédula de identidad número 4.902.036, representado judicialmente por el Abogado Armando Orocopey, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 71.180, contra la decisión de fecha 06 de octubre de 2006,, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, mediante la cual declaró inadmisible el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra el CONSEJO LEGISLATIVO REGIONAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, por concepto de diferencia de prestaciones sociales; 2. SIN LUGAR la apelación ejercida; 3. Se CONFIRMA, en los términos expuestos, el referido fallo.

Se dictó decisión mediante la cual decisión mediante la cual decidió: 1.- IMPROCEDENTE la solicitud de aplicación de control difuso de los artículos 60, 70 y 82 de la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo, solicitada por el abogado Henrique Iribarren Monteverde, actuando con el apoderado judicial de la sociedad mercantil PFIZER VENEZUELA, S.A. 2.-IMPROCEDENTE la solicitud de desistimiento, solicitada por el Ministerio Público. 3.- PROCEDENTE la solicitud de reposición de la causa, al estado de la celebración de la audiencia oral, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual deberá ser fijada por auto expreso y separado al tercer día que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de las apelaciones interpuestas por los representantes judiciales de la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO MATURÍN DEL ESTADO MONAGAS y de la ciudadana LILIANA VICTORIA LACOURT, respectivamente, contra la decisión dictada por el Juzgado a quo, en fecha 17 de abril de 2008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra el mencionado Municipio. 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la ciudadana Liliana Victoria Lacourt. 3.- REVOCA ex officio, la sentencia apelada. 4.- INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por haber operado la caducidad. 5.- INOFICIOSO pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte querellada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.