En el presente recurso, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA, para conocer del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la DIRECCCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, contra la decisión dictada en fecha 18 de julio de 2013, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ RAFAEL GALÍNDEZ MÉNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 11.227.417, contra dicho órgano; y El DECAIMIENTO DEL OBJETO del recurso de apelación interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano RAFAEL ANTONIO VILORIA, asistido por el abogado Miguel Ricardo Matute Rangel, contra la Providencia Administrativa Sancionatoria N° PA-786-13 de fecha 5 de septiembre de 2013, dictada por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS (SUNACOOP).

Se dicó auto mediante la cual esta Corte estima necesario oficiar al Banco Caroní Banco Universal a los fines que remita a este Órgano Jurisdiccional información referente a quién fue realizado el pago de la cantidad de "Bs. 135.485.582,55" debitado en fecha 18 de septiembre de 1997 a la cuenta de la sociedad mercantil Prefabricados Guayana C.A. Así mismo oficiar a la sociedad mercantil Prefabricados Guayana C.A. [hoy demandada], para que consigne documento alguno que evidencie que realizó el pago de la cantidad correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del costo total de la venta de los inmuebles "Microlotes 7 y 8" a la parte demandante.

Esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 27 de mayo de 2014, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los ciudadanos LUIS ALFONSO CARVAJAL LAGOS y CARMEN AURORA ROJAS DE CARVAJAL, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y conociendo en Consulta de Ley prevista en el artículo 72, hoy artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA en los términos expuesto la decisión dictada en fecha 27 de mayo de 2014, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

En la presente, consulta de ley esta Corte declaró: SU COMPETENCIA para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 12 de noviembre de 2015, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado, Luis Enrique Romero, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana XIMORA MARGARITA ZAMBRANO GÓMEZ, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; y CONFIRMÓ con las reformas expuestas el fallo proferido en fecha 12 de noviembre de 2015, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación ejercida contra la decisión dictada por Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en fecha 6 de agosto de 2015, mediante la cual se declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ROSALBA GUERRERO ROA, asistida por el abogado Raimundo Mejía La Rosa, contra el acto administrativo contentivo de la Resolución Nº 06/2013, de fecha 3 de mayo de 2013, emanada de la PRESIDENCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. 2. -CON LUGAR la apelación interpuesta. 3. -Se REVOCA la sentencia apelada. 4.- Se REVOCA PARCIALMENTE el acto recurrido en cuanto al retiro. 5.- Se ORDENA a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura otorgarle a la recurrente el período de disponibilidad de un (1) mes.

Esta Corte declaró: 1.- DESISTIDA la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por el abogado José Orlando Prato Gutiérrez, antes identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial de la asociación cooperativa LA VIOLETA 82422 R.L., contra el MUNICIPIO TORBES DEL ESTADO TÁCHIRA, conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 2.- FIRME el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el presente recurso de apelación interpuesto en fecha 7 de julio de 2003, por el apoderado judicial de la ciudadana GLADYS MARGARITA PARRA DE ESTRADA, contra la sentencia dictada en fecha 16 de junio de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte que declaró sin lugar la demanda de nulidad interpuesta, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO REGIONAL DE VIALIDAD DEL ESTADO CARABOBO (INVIAL). 2.- IMPROCEDENTE la solicitud efectuada por la representación judicial de Instituto Autónomo Regional de Vialidad del estado Carabobo (INVIAL), en relación a que se declare perimido el recurso. 3.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 4.- Se CONFIRMA el fallo dictado por el Iudex a quo en fecha 16 de junio de 2003.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 9 de febrero de 2017, por la representación judicial de la parte recurrente, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 24 de enero de 2017, que declaró improcedente la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos que acompaña el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por abogados Ender Antonio Fernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 53.363 actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano FRANK REINALDO CALDERÓN RAMÍREZ, contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (SUNAVI); DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y FIRME el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: el DECAIMIENTO DEL OBJETO en la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada por los ciudadanos ASCANDER CONTRERAS UZCÁTEGUI y JOSÉ FRANCISCO BOTELLO WILSON, portadores de las cédulas de identidad Nros. 925.452 y 3.292.424, respectivamente, actuando ambos en "defensa de (sus) individuales y comunes intereses" como profesores jubilados de la Universidad de Carabobo, y el primero de los nombrados en representación de la asociación civil "Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad de Carabobo", asistidos por los abogados Mauricio Isaacs Tovar, Francisco Barraza Espinoza y Alberto Cedeño Rigual, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 31.034, 48.660 y 3.169, respectivamente, contra la UNIVERSIDAD DE CARABOBO.