En recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por JOSÉ CUPERTINO BACALAO DAZA contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, esta Corte declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer por consulta de Ley la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 17 de diciembre de 2008. 2.- CONFIRMA, la sentencia objeto de consulta.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por HEBERTO DE JESÚS ROSALES VARGAS y ROGER MAURES SÁNCHEZ GIMÉNEZ contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO TRUJILLO, esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. FIRME el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 3/09/2003, por el Apoderado Judicial de la parte querellante, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 6/05/2003, la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano DADILA CARRIZALES SILVA, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano de la ASAMBLEA NACIONAL, 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3.- FIRME el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha 13/01/2011, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ROSA ELIAS PEREZ ADARMES, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE y 2.-HOMOLOGADO el desistimiento del procedimiento y de la acción.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por JOSÉ GREGORIO CARRILLO RIVAS contra la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR, esta Corte declara: 1. DECLARA la nulidad del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 16 de enero de 2012, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2- Se REPONE la causa al estado de que el Tribunal A quo, practique la notificación a las partes de la remisión de la presente causa a este Órgano Jurisdiccional, a los fines de la tramitación del recurso de apelación interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de los recursos de apelación interpuestos en fechas 23/03/2010 y 6/04/2010, por la Abogada María Alejandra Macsotay, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la parte querellada, y el 5/04/2010, por el Apoderado Judicial de la parte querellada, contra la decisión dictada por el referido Tribunal en fecha 3/11/2009, la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Abogada RAMONA OMAIRA CAMACHO CARRIÓN, contra la PROCURADURÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte querellada, 3. REVOCA el fallo apelado y 4. INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la Sociedad Mercantil MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, contra el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), esta Corte declara: 1. HOMOLOGA el desistimiento del procedimiento efectuado en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos. 2. ORDENA el archivo del expediente.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por ABIGAIL ROSA MÉNDEZ DE GARCÍA, CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ GUILLEN y NICOLA MARCHESANI DELBORRELLO contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, esta Corte declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. FIRME el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por HAYDEE HERNÁNDEZ DE BRICEÑO contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE, esta corte declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto. 2. ANULA por orden público el fallo dictado por el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. 3. INOFICIOSO pronunciarse del recurso de apelación interpuesto por la parte querellante. 4. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por SADAY DEL VALLE GUZMÁN MORENO contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MONAGAS, esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.-REVOCA la sentencia objeto de apelación. 4.-CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial. 5.- ORDENA la reincorporación de la ciudadana Saday del Valle Guzmán Moreno, al cargo de Registrador de Bienes y Materiales Jefe III, en la Gobernación del estado Monagas o a otro de igual o similar jerarquía; asimismo, ordena de conformidad con el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a título de indemnización, pagarle a la referida ciudadana el monto equivalente a la suma de sus sueldos dejados de percibir así como los beneficios socioeconómicos exceptuándose aquellos que requieran la prestación efectiva del servicio.