1.- ORDENA notificar al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, para que, una vez conste en autos el recibo de su notificación debidamente practicada, en un lapso de diez (10) días de despacho, remita a esta Corte la información relativa al estado en que se encuentra la ejecución voluntaria de la decisión Nº 2003-2152, dictada por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo en fecha 3 de julio de 2003, entiéndase, si ha cumplido o no con el pago parcial o total de las cantidades condenadas en dicho fallo a favor de las ciudadanas MIRNA JIMÉNEZ y GLORIA JIMÉNEZ, y en caso de que no cumpla con la remisión de tal información en el plazo supra aducido, se procederá a fijar el cumplimiento de acuerdo al artículo 110 de la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa. 2.- Se ORDENA a la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, que se anexe .....

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 7 de noviembre por el abogado JUAN BAUTISTA MEDINA BUSTAMANTE, actuando en su propio nombre y representación contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira en fecha 31 de octubre de 2013, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto en fecha 15 de marzo de 2011 interpuesto por dicho recurrente contra el acto administrativo contenido en la Resolución número 17/2010 de fecha 15 de diciembre de 2010, emitida por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO URIBANTE DEL ESTADO TÁCHIRA. 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3.- FIRME el aludido fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró DESISTIDA la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por el abogado Agustín Díaz Díaz, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil REPRESENTACIONES SOLCOMPU, C.A., contra la decisión dictada por el Cuerpo Colegiado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), en Reunión Ordinaria Nº 1000 de fecha 31 de julio de 2012, a través de la cual decidió confirmar la Suspensión Preventiva del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). Se ordenó archivar el expediente.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA la remisión de la presente causa al Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional a los fines de que se tramite el correspondiente procedimiento de Ley, específicamente en cuanto a la sustanciación de la experticia complementaria del fallo señalada en la motiva de la presente decisión

Este Tribunal Colegiado, en aras de garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, debe forzosamente declarar Con Lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte actora, en consecuencia, se revoca la decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, dictada el día 30 de septiembre de 2013, a través de la cual declaró la perención de la instancia en el caso que nos ocupa.

1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 16 de febrero de 2012 por la sustituta de la Procuradora General del Estado Monagas, así como el incoado por la representación judicial del ciudadano Ángel Melecio Pereda, ambos contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, de fecha 11 de mayo de 2011, en el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano ÁNGEL MELECIO PEREDA, titular de la cédula de identidad Nro. V-277.753, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MONAGAS. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación presentado por la parte recurrente. 3.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la sustituta de la Procuradora General del Estado Monagas. 4.- Se CONFIRMA el el fallo apelado.

Analizados como han sido todos los alegatos expuestos por la representación judicial de la parte recurrente, es por lo que esta Corte, debe forzosamente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo del Estado Táchira, de fecha 18 de octubre de 2013, en consecuencia, se confirma la misma.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por el abogado Daniel Eduardo Díaz Valera, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil RESTAURANTE EL COMELON, C.A., asentada mercantilmente en fecha 17 de septiembre de 2002, ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el Nº 71, Tomo 9-A, Expediente Nº 13596, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 23 de septiembre de 2013, mediante el cual se pronunció sobre las pruebas promovidas por la parte recurrente. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- Se CONFIRMA el auto apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Jennifer Vilariño, actuando con el carácter de apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), contra la decisión dictada por Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital de fecha 27 de octubre de 2009, mediante la cual declaró la "perención de la instancia", en la demanda de cobro de bolívares interpuesta por la representación judicial del referido Instituto contra la COOPERATIVA "CHARQUITAL, R.L."; 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta; 3.- REVOCA el fallo apelado; 4.- SE ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, a los fines que continúe con la sustanciación de la causa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: la NULIDAD de las actuaciones procesales posteriores al lapso de fundamentación de la apelación, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, se dé inicio al lapso de contestación a la fundamentación de la apelación interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.