La Corte declaró SU COMPETENCIA para conocer del conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes con ocasión de la acción de amparo constitucional interpuesta por Casto Martin Muñoz Milano, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 3.072, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Dickson Adolfo Montero Camacho, titular de la cedula de identidad Nro.9.268.191, contra el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista; Que el COMPETENTE para el conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta es el Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción del Estado Apure, al cual se ORDENA remitir el presente expediente.

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer la acción de amparo constitucional ejercida por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Proactiva Libertador, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 28 de diciembre de 2004, bajo el Nº 63, Tomo 219-A-Sgdo, contra los autos de fecha 2 y 11 de agosto de 2010, dictados por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital; INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida con fundamento en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y 3.- REABRE el lapso a la sociedad mercantil Proactiva Libertador, C.A., para el ejercicio del recurso de apelación a partir de que se haga efectiva la notificación del presente fallo.

La Corte declaró La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 30 de septiembre de 2010, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo; Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio a la relación de la causa, contemplada en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La Corte declaró IMPROCEDENTE la acción de Amparo Cautelar constitucional interpuesta en forma conjunta con el recurso contencioso administrativo de nulidad y, subsidiariamente, medida cautelar de suspensión de efectos e innominada, por los abogados Juan Pablo Livinalli, Jorge Kirikiadis Longhi, Fidel Montañez y Luis Vollbracht Serpa, supra identificados, en su condición de apoderados judiciales del ciudadano Homero Antonio Farías, titular de la cédula de identidad Número V- 127.389, Presidente de la sociedad mercantil SEGUROS BANVALOR, C.A., contra la Resolución Nº FSS-2-002716 de fecha 22 de septiembre de 2010, publicada en Gaceta Oficial Número 39.516 de fecha 23 de septiembre de 2010, dictada por el SUPERINTENDENTE DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada.

La Corte declaró DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano JOSÉ ANTONIO CANONIGA, titular de la cédula de identidad Nº 81.773.492, asistido por el abogado Luis León, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 84.846, contra la decisión dictada el 24 de febrero de 2010, por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), que decidió ratificar la medida de suspensión del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD).

La Corte declaró Su INCOMPETENCIA sobrevenida para conocer de la demanda de nulidad de convenio e indemnización por daños y perjuicios interpuesta por los abogados María del Carmen Guell y Rafael Meneses Díaz, antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la SUCESIÓN DE MANUEL DOMINGO DE ANDRADE contra la Sociedad Mercantil ESTACIÓN DE SERVICIO EL NIDO C.A., y contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA; DECLINA la competencia a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de que conozca en primera instancia de la demanda de autos; ORDENA remitir el presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

La Corte declaró Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, esta Corte ORDENA notificar a el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR adscrito a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL para que dentro de lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, de cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión. Igualmente se ordena notificar a la ciudadana DEYANIRIS COROMOTO LUCERO REQUENA, a fin de que tenga conocimiento de dicho requerimiento, y de ser el caso, cuente con la oportunidad de impugnar la información que sea consignada, esto, dentro de los cinco (5) días siguientes a que conste en autos tal información, para lo cual se considera abierta la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a lo expuesto en la sentencia antes señalada.

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 20 de noviembre de 2003, por la abogada Irene Moros, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 77.910, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrida, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de noviembre de 2010, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Carlos Alberto Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 8.067, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MIGUEL ÁNGEL CARRASCO contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI). El DECAIMIENTO DEL OBJETO del recurso de apelación interpuesto.

La Corte declaró ORDENA NOTIFICAR la sociedad mercantil VIDINTER, C.A., para que exponga, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en autos el recibo de su notificación, si conserva interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el referido interés en el recurso de nulidad interpuesto.

La Corte ordenó a la Alcaldía del Municipio Vargas del Estado Vargas a que en el lapso de cinco (5) días siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su notificación, remita copia del recibo de pago firmado por la parte querellante o cualquier otro documento similar, específicamente, en el que se evidencie la fecha de recepción del pago objeto de estudio, a fin que permita a este Órgano Jurisdiccional conocer dicha fecha.